Después de 13 años, el Juzgado Federal N°3 de Tucumán ya tiene edificio y espera habilitación

Tras 13 años desde su creación por ley, el Juzgado Federal N°3 de Tucumán finalmente cuenta con una sede física y se encamina a su puesta en funcionamiento. Un cartel de gran tamaño ya fue colocado en el edificio ubicado en calle 9 de Julio 162, a pocas cuadras del Tribunal Oral Federal, lo que marca un avance concreto luego de más de una década de demoras.

Según pudo saber Tendencia de Noticias de fuentes oficiales, el inmueble elegido aguarda la habilitación correspondiente, trámite que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Eso está en curso, aún no hay fecha”, precisaron. En cuanto al personal, indicaron que las designaciones serán facultad del juez a cargo y de la Cámara Federal.

El juzgado fue creado el 2 de octubre de 2013, en respuesta al elevado número de causas que ya en ese momento tramitaban los dos juzgados federales existentes en la provincia. Sin embargo, recién el 1 de diciembre de 2022 juró su titular, el magistrado José Manuel Díaz Vélez, y desde entonces la dependencia no pudo iniciar actividades por falta de espacio físico.

Durante este período, Díaz Vélez subrogó los juzgados federales N°1 y N°2, que tampoco cuentan con titulares definitivos. En el caso del Juzgado Federal N°1, actualmente subrogado por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, existe una terna, al igual que para el N°2, aunque todavía los pliegos no fueron tratados en el Senado para cubrir las vacantes.

La puesta en marcha del Juzgado Federal N°3 es considerada significativa para una jurisdicción que tramita cerca de 100.000 causas anuales, vinculadas a delitos complejos como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, fraudes electorales y amparos de salud. La sobrecarga en los juzgados actuales fue uno de los argumentos centrales que impulsaron su creación.

El principal obstáculo para su funcionamiento fue la falta de espacio en el edificio de calle Las Piedras 418, donde operan la Cámara Federal, los juzgados federales 1 y 2, fiscalías y una defensoría. Tras años de gestiones ante el Consejo de la Magistratura para la compra o alquiler de un inmueble, finalmente se definió la sede de 9 de Julio al 100. Una vez completadas las conexiones eléctricas y de internet, comenzará el traslado del mobiliario, con la expectativa de inaugurar el juzgado entre agosto y septiembre.

No obstante, resta definir si el nuevo juzgado comenzará a funcionar con causas nuevas o si se le transferirán expedientes en trámite desde los otros dos, decisión que deberá adoptar la Cámara Federal de Apelaciones. También será necesario asignar personal con experiencia en la tramitación de causas complejas.

En paralelo, continúa pendiente la habilitación de la Fiscalía Federal N°3, que ya cuenta con titular designado. Su puesta en marcha adquiere especial relevancia ante la próxima implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece un sistema acusatorio en el que el Ministerio Público Fiscal asume la dirección exclusiva de las investigaciones.

En 2024, sindicatos judiciales reclamaron públicamente la apertura del juzgado y advirtieron que la demora afecta a la sociedad tucumana, tanto por la sobrecarga laboral existente como por la falta de respuesta oportuna en causas de alta sensibilidad social. Con la sede finalmente definida, el proceso entra en su etapa decisiva, aunque todavía sin fecha oficial para el inicio de actividades.

Donación millonaria en 2025: así se equipó el Juzgado Federal N.º 3

En 2025, el Gobierno de Tucumán había realizado una donación clave para la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal N.º 3, mediante un convenio firmado con el Poder Judicial de la Nación que incluyó trabajos de adecuación edilicia y equipamiento mobiliario.

La medida había sido formalizada a través de un decreto provincial y posteriormente ratificada por la Legislatura, estableciendo la entrega de mobiliario y la ejecución de obras necesarias para que el nuevo juzgado pudiera operar en condiciones adecuadas. El aporte provincial contemplaba una inversión de hasta 35 millones de pesos.

El acuerdo preveía la contratación y financiamiento de las tareas por parte de la Provincia, así como la provisión de escritorios, sillas, sillones y otros elementos necesarios para las oficinas judiciales, además de trabajos de infraestructura interna, pintura, adecuaciones eléctricas y mejoras en los espacios de atención.

De esta manera, el Ejecutivo provincial había acompañado el proceso de apertura del nuevo órgano judicial federal en Tucumán, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del sistema de justicia en la provincia y mejorar la respuesta institucional ante la creciente demanda de causas federales.