El Gobierno refuerza el presupuesto del SIPROSA con aportes de la Caja, bajo la lupa del Tribunal de Cuentas

A través del Decreto N° 1.142/3 (SH), publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una ampliación presupuestaria de $200 millones para el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), financiada con recursos provenientes de la Caja Popular de Ahorros en el marco de la Ley N° 5.115.

La medida incrementa el recurso denominado "SIPROSA - Aportes Caja Popular de Ahorros" y destina la totalidad de esos fondos a la adquisición de equipamiento, mediante la partida presupuestaria "Equipos Varios".

Según los fundamentos del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el pedido fue realizado por el propio SIPROSA con el objetivo de adecuar las previsiones presupuestarias a una estimación de mayores ingresos proyectados para lo que resta del ejercicio 2026. El Poder Ejecutivo justificó la decisión en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto vigente para incorporar recursos adicionales cuando se registren incrementos en la recaudación o nuevas fuentes de financiamiento.

La decisión adquiere relevancia porque se trata de fondos cuya transferencia desde la Caja Popular de Ahorros hacia el sistema sanitario fue objeto de una extensa disputa administrativa, contable y judicial durante los últimos años.

Una deuda millonaria bajo investigación

Desde 2024, el Tribunal de Cuentas viene investigando presuntos incumplimientos de la Caja Popular en la remisión de recursos provenientes de la explotación de los juegos de azar que, por mandato legal, deben ser transferidos al SIPROSA.

Las auditorías realizadas por el organismo de control concluyeron que entre 2020 y 2023 se habría acumulado una deuda superior a los $3.381 millones por la falta de envío de fondos previstos en los artículos 21 y 21 bis de la Ley 5.115, que establecen la obligación de destinar parte de los ingresos del sector juegos al sistema público de salud. El caso derivó en un juicio de responsabilidad administrativa contra la anterior intervención de la entidad, a cargo de José Díaz, y posteriormente en una denuncia penal ante la Justicia provincial.

En noviembre de 2025, el Tribunal de Cuentas resolvió ampliar esa denuncia al considerar que parte de los pagos efectuados por la Caja Popular fueron realizados de manera tardía y unilateral, sin la correspondiente convalidación administrativa. Según el organismo, las transferencias realizadas hasta ese momento superaban los $900 millones, aunque persistían diferencias respecto de los montos originalmente reclamados.

La controversia generó además un fuerte enfrentamiento institucional entre la conducción de la Caja Popular y el Tribunal de Cuentas. Mientras los vocales del organismo sostuvieron que existió una retención indebida de recursos con destino específico para la salud pública, las autoridades de la entidad financiera rechazaron los cuestionamientos y denunciaron una supuesta persecución política y administrativa.

Nuevos recursos para equipamiento

 

En ese contexto, el decreto publicado ahora por el Poder Ejecutivo refleja una mejora en las previsiones de ingresos del recurso vinculado a los aportes de la Caja Popular, permitiendo incorporar $200 millones adicionales al presupuesto sanitario.

Los fondos serán destinados exclusivamente a la compra de equipamiento para el SIPROSA, una decisión que se inscribe dentro de la estrategia del Gobierno provincial de fortalecer la infraestructura y la capacidad operativa del sistema público de salud.

La medida también representa una señal política en medio de los debates sobre el destino y el control de los recursos generados por el juego oficial, un tema que sigue bajo la lupa del organismo de control y de la Justicia provincial.