El Gobierno demora la entrega de documentación que compromete a ex-funcionarios kirchneristas

En los últimos meses se reflotó una investigación para determinar si existió un esquema de sobornos, en el sistema de autorización para importar y acceder al dólar oficial, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal Franco Picardi solicitó una serie de expedientes oficiales y se encontró con un obstáculo imprevisto. Distintas áreas del Estado evitan responder las consultas específicas, sobre cuáles funcionarios habilitaban las conocidas SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina).

“Es increíble, pero no nos contestan. Van con respuestas genéricas y ya lo preguntó en dos oficios”, señaló una fuente inobjetable, con despacho en los tribunales.

El fiscal está perdiendo la paciencia y evalúa disponer de un operativo para que efectivos policiales se acerquen con “una orden de presentación” en el Ministerio de Economía, Banco Central de la República Argentina (BCRA), ARCA y en la Aduana.

“Es un allanamiento light”, consignan las fuentes consultadas por el medio MDZ, acerca de esta posible medida, que busca acceder a información que podría certificar quiénes fueron los responsables de permitir este mecanismo polémico durante la etapa de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda.

La causa SIRA

El fiscal federal Franco Picardi impulsa una investigación sobre posibles irregularidades y pago de sobornos vinculados al Sistema de Importaciones de la República Argentina, un esquema que rigió entre 2022 y 2023 y permitía a empresas acceder al dólar oficial en condiciones preferenciales.

El magistrado busca establecer si hubo presuntas maniobras en las que al menos cuatro empresarios habrían abonado retornos de entre el 10% y el 15% para obtener autorizaciones de importación. El objetivo habría sido acceder a un tipo de cambio más bajo que el del mercado y así inflar artificialmente los márgenes de ganancia en cada operación. La causa tramita bajo la órbita del juez Ariel Lijo y se mantiene bajo secreto de sumario.

Picardi había solicitado “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA, además de pedir el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas, tanto físicas como jurídicas. También dispuso cerca de 30 allanamientos y ordenó incorporar testimonios y peritajes sobre teléfonos celulares entregados por algunos de los imputados. Entre ellos figuran funcionarios del BCRA como Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.

También aparecen en la investigación empresarios del sector cambiario, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, propietarios de casas de cambio que quedaron bajo la lupa judicial.

Alberto Fernández y Sergio Massa.

En medio de las investigaciones por supuesta corrupción en el Gobierno de Javier Milei, el presidente denunció en reiteradas ocasiones que en la anterior gestión peronista se cometieron hechos delictivos sobre el esquema SIRA, mediante el pago de coimas.

También lanzó acusaciones el año pasado Guillermo Francos, cuando era jefe de Gabinete: “¿Se acuerdan que cuando había que importar se daban las SIRA? Eran US$50.000 millones de dólares lo que tenía que dar el Estado para responder a las SIRA. Claro, a dedo. Algunos dijeron que se hicieron muchos negocios con eso, dicen. No sé si alguna vez algún juez lo investigará o no. Pero para obtener las SIRA se pagaban coimas, comisiones. Bueno, entonces, eso espero... Ahí se pagaron comisiones, en todo eso. US$50.000 millones fue lo que el Gobierno se comprometió a dar para que los industriales argentinos pudieran traer sus insumos. Esa es una de las cosas que el gobierno nacional arregló“. Pese a las denuncias mediáticas, los libertarios nunca se presentaron en los tribunales.

El 27 de diciembre del 2023, la Justicia federal resolvió sobreseer al exsecretario de Comercio Matías Tombolini y a otros exfuncionarios investigados por esta causa.

La decisión se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien tras una investigación propia concluyó que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones. El juez federal Julián Ercolini avaló ese criterio y dictó el sobreseimiento de Tombolini junto a Juan Cruz Morello, Gustavo Daniel Barloa, Germán Carlos Cervantes y Danilo Raimondi.

Tras analizar el funcionamiento del SIRA, Taiano sostuvo que la aprobación de importaciones respondía a un procedimiento administrativo con múltiples controles. En ese sentido, explicó que se trataba de “un trámite administrativo que solamente puede autorizarse una vez que el solicitante completa los requisitos exigidos normativamente en las diversas etapas del procedimiento”, en el que además intervenían distintos organismos del Estado como la AFIP, el Banco Central y la Secretaría de Comercio.