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El Gobierno de la Nación pedirá medidas contra el Reino Unido, ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en el marco del arbitraje iniciado por la República Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La presentación buscará que el tribunal exija al Reino Unido el cese de las actividades vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental cuya soberanía reclama Argentina. El planteo se vincula con el proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
El Gobierno había otorgado al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Ese plazo vence el lunes.
El arbitraje por la explotación petrolera
Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo de cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
"Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", había señalado el canciller Pablo Quirno.
El funcionario sostuvo además que se trata de la primera vez que Argentina lleva ante un tribunal internacional los hechos vinculados con la explotación unilateral de recursos hidrocarburíferos en la zona en disputa.
La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no busca resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El planteo argentino apunta a determinar si una de las partes puede explotar de manera unilateral recursos no renovables en una zona marítima cuya jurisdicción y soberanía se encuentran en disputa.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, interviene en cuestiones vinculadas con el Derecho del Mar y está integrado por 21 jueces.
Casa Rosada anticipo su actuación
La Presidencia informó en septiembre que Milei había instruido a los equipos jurídicos de la Cancillería para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la CONVEMAR y solicitar medidas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El procedimiento quedó bajo la órbita de la Consejería Legal de la Cancillería, con intervención del embajador Mario Oyarzábal.
La República Argentina ya utilizó este mecanismo internacional en un caso de alto impacto, durante el conflicto por la retención de la Fragata Libertad en Ghana. En 2012, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ordenó liberar el buque escuela de la Armada Argentina.