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En la jornada de ayer el vocero presidencial Adrián Ravier, defendió la derogación de la Ley de Tierras Rurales y rechazó que la medida pueda afectar la soberanía del país.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, sostuvo que la eliminación de las restricciones a la titularidad extranjera apunta a favorecer inversiones de largo plazo y el desarrollo de distintas actividades productivas.
Ravier recordó que la normativa sancionada en 2011 establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio.
Explicó que ese régimen fue derogado mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, bajo el argumento de que Argentina cuenta con extensas superficies con potencial productivo que requieren capital para su desarrollo.
El vocero enumeró posibles destinos de esas inversiones, entre ellos “sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios”. Para Ravier, el objetivo es generar condiciones para que los recursos disponibles puedan transformarse en mayor producción, empleo y actividad económica.
El funcionario también buscó despejar cuestionamientos vinculados con la soberanía y las zonas fronterizas. “Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural”, afirmó.
A su vez, remarcó que la derogación de la Ley de Tierras Rurales “no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras” y aseguró que esas áreas continúan bajo sus controles específicos. “Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción”, sostuvo.
Ravier también cuestionó la normativa que limitaba la propiedad extranjera al considerar que era contraria a la Constitución Nacional, al recordar que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los argentinos. “Son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”, señaló.
Hacia el final de su exposición, resumió la postura del Gobierno en una definición: “La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”.