
La discusión por el futuro de los glaciares en la Argentina volvió a escena en el Congreso. Con media sanción del Senado, el proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares se encamina ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso que comenzará hoy con las audiencias públicas. En ese contexto, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, advirtió a Tendencia de Noticias sobre el alcance de la iniciativa y sus posibles consecuencias.
“La ley de glaciares es una norma que protege las fuentes de agua”, resumió. Y explicó que estos cuerpos de hielo cumplen un rol clave en el abastecimiento hídrico, especialmente en la región de los Andes áridos, desde Mendoza hacia el norte. “Argentina es un país muy glaciar. A partir de esta ley se inventariaron más de 16.000 glaciares en todo el territorio”, detalló.
Según planteó, el proyecto en debate introduce un cambio sustancial: habilitaría a las provincias a autorizar actividades de megaminería en zonas donde hoy están prohibidas por la presencia de glaciares o ambientes periglaciares. “Hoy hay una prohibición clara en esos lugares. Lo que propone esta modificación es que esa decisión deje de ser nacional y pase a depender de cada provincia”, explicó.
La ley vigente, sancionada en 2010 tras un proceso legislativo complejo que incluyó incluso el veto previo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estableció un piso mínimo de protección ambiental. Ese marco, recordó Nápoli, respondió a dos factores centrales: el avance del cambio climático y el impacto de la actividad minera sobre estos ecosistemas.
“Ese contexto no solo no cambió, sino que empeoró”, advirtió. “En los últimos diez años, los glaciares de los Andes áridos retrocedieron un 17%. Es un proceso que se está acelerando”.

A la par, subrayó, la presión de la megaminería sobre estos territorios continúa siendo un factor determinante. “No existe hoy una minería de pequeña escala en estos ambientes. La actividad es de gran magnitud, implica voladuras, remoción de grandes volúmenes de roca y transforma completamente la montaña”, señaló.
Desde esa perspectiva, el especialista puso el foco en la dimensión social del recurso. “Los glaciares alimentan aproximadamente 1.800 localidades en la Argentina. Alrededor de 7 millones de personas dependen del agua que generan”, sostuvo. Y reforzó: “No estamos hablando de algo lejano o aislado, sino de la base del sistema hídrico de muchas regiones del país”.
En ese sentido, fue categórico respecto de las consecuencias: “Cuando se intervienen estos ambientes, el daño es irreversible. Los glaciares no son un recurso que se pueda recuperar en el corto plazo. Si desaparecen, desaparecen definitivamente”.
Consultado sobre por qué el tema debería importar incluso en provincias alejadas de la cordillera, insistió en la lógica de cuencas. “Muchas de las nacientes de los ríos que atraviesan distintas provincias tienen origen en zonas glaciares. El impacto no queda circunscripto a un punto geográfico: se traslada a lo largo de todo el sistema hídrico”, explicó.
“La idea de que esto no afecta porque está lejos es equivocada. El agua que consumen millones de personas depende de esos sistemas”, agregó.
Finalmente, Nápoli anticipó un escenario de judicialización si el proyecto avanza en Diputados. Más de 80 profesores de Derecho Constitucional y Ambiental ya advirtieron sobre la presunta inconstitucionalidad de la iniciativa.
“La Constitución establece que el Congreso debe fijar un piso mínimo de protección ambiental para todo el país. Esta modificación elimina ese piso común y lo fragmenta”, sostuvo. Y concluyó: “Además, implica una regresión en materia ambiental, lo cual también es incompatible con compromisos internacionales asumidos por la Argentina”.
Con el proyecto a punto de desembarcar a pleno en la Cámara baja, la discusión vuelve a poner en tensión dos ejes: el desarrollo de actividades extractivas y la preservación de reservas estratégicas de agua. En el centro del debate, los glaciares y su rol en el equilibrio ambiental y productivo del país.