Otro caso de abuso en escuela tucumana: Exoneran a docente de la Comercio N° 1 acusado de acoso sexual

El Gobierno de Tucumán resolvió nuevamente la expulsión de un docente del sistema educativo provincial por su vinculación con hechos de abuso sexual contra alumnas menores de edad. A través del decreto N° 145/5, el Poder Ejecutivo dispuso la exoneración del profesor Marcelo Antonio Pérez, quien se desempeñaba en la Escuela de Comercio N° 1 “General Manuel Belgrano”, luego de que una investigación administrativa confirmara las denuncias en su contra.

La medida fue rubricada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y por la secretaria de Estado del área, María Gabriela Gallardo (foto inferior) y dispuso la clausura de la investigación iniciada mediante la Resolución N° 0844/5 (SE) del 25 de julio de 2025.

Según el decreto, las actuaciones comenzaron a partir de una presentación de la Supervisión de Educación Secundaria que puso en conocimiento la situación ocurrida en la Escuela de Comercio N° 1, donde el docente habría incurrido en conductas inapropiadas hacia una estudiante menor de edad. En el expediente consta que la madre de la alumna denunció al profesor por acoso sexual y manifestó contar con pruebas, entre ellas “videos y mensajes”.

De acuerdo con las actas incorporadas al expediente, la estudiante declaró que junto a una compañera coincidían con el docente durante los recreos y que con el tiempo el vínculo se fue intensificando. La menor señaló que el profesor comenzó a pagarles el desayuno y posteriormente les enviaba mensajes de texto en los que “preguntaba cómo estaban y qué ropa tenían puesta”, además de realizar transferencias de dinero para ayudarlas con gastos escolares.

Asimismo, la alumna indicó que el docente “les mandaba videos que eran material pornográfico”, lo que quedó registrado en las actuaciones administrativas.

El decreto señala que tras el análisis de la prueba reunida, la instrucción del sumario resolvió “confirmar los cargos formulados al docente, aconsejando se aplique la sanción de Exoneración de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 8) de la Ley N° 3.470 (Estatuto Docente)”.

Según el Poder Ejecutivo, durante el proceso “se observaron las reglas que hacen al debido proceso legal y a la garantía de defensa”, conforme al procedimiento establecido para investigaciones administrativas, y se cumplieron “los principios que rigen el debido proceso administrativo, asegurando la transparencia, legalidad y legitimidad del procedimiento”.

Incumplimiento grave

En los fundamentos se afirma que “se encuentran suficientemente analizadas las probanzas reunidas en el presente sumario, en cuanto a que el agente no cumplió las funciones inherentes a su cargo de manera digna y eficaz”.

El decreto recuerda además que el Estatuto del Docente establece como obligaciones “desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo” y “observar una conducta moral acorde con la función educativa”.

En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que “la conducta atribuida al agente configura un grave incumplimiento a sus deberes, implicando una afectación directa a la dignidad y derechos de los estudiantes bajo su cuidado, lo cual no resulta compatible con la continuidad en el ejercicio de su cargo”.

También se remarcó que los hechos ocurrieron dentro de un ámbito que debe garantizar la protección de los estudiantes, al señalar que “este hecho se dio en un ámbito que debería ser de protección, contención, afecto y estímulo para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, como lo es la escuela, lo que agrava aún más lo ocurrido”.

La sanción aplicada impide que el docente vuelva a desempeñarse en el sistema educativo provincial. Por ello, el decreto ordena comunicar la medida a los organismos competentes, debido a que “la falta cometida impide el ingreso a la docencia del agente en carácter titular, interino o suplente, al no reunir las condiciones exigidas” por el Estatuto Docente.

La decisión se adoptó con dictamen favorable de la Fiscalía de Estado y dispuso formalmente la clausura de la investigación administrativa, confirmando los cargos y aplicando la sanción de exoneración al docente.