Las detuvieron por narcotráfico pero en realidad eran víctimas de una red de trata

Nunca había estado en Villazón, la ciudad donde termina Bolivia y casi empieza Argentina. Era de noche y tenía hambre; gracias a Dios llegó a la casa de la Mujer que le había ofrecido trabajo y le había pagado el pasaje. La hizo pasar, le preguntó por su hijo, con quién lo había dejado, le dijo que descanse. Se fue y volvió con dos hombres altos y varias bolsas negras: adentro traían cápsulas del tamaño de un dedo pulgar, numeradas. “Tragalas”, le dijo, “no vas a querer que le pase algo a tu hijo cuando salga del colegio, tragalas”. 

Ocurrió en febrero de este año, según reza el expediente del Juzgado Federal número 1 de Tucumán. Daniela lo confirma en una charla a media voz, en una casa de seguridad que comparte con María y Juana, acá, en nuestra provincia. Las tres veinteañeras se conocieron esa noche en la frontera entre Bolivia y Argentina, ingresaron a nuestro país con los intestinos llenos de droga y salvaron su vida cuando el tiempo se les estaba acabando. Descubiertas, las metieron presas.

La historia de estas tres mujeres bolivianas acusadas por narcotráfico dio un vuelco dramático cuando la misma justicia detectó que, en lugar de tres peligrosas delincuentes, estaba ante tres víctimas de una red de trata de personas. 

El fallo que les devolvió la libertad pone luz sobre una realidad punzante en nuestro país: pese a que los altos mandos de los carteles narco son hombres, la principal causa de detención de las mujeres es el tráfico de estupefacientes. De la población carcelaria femenina, una de cada tres internas está por narcotráfico. En las cárceles de varones, en cambio, sólo uno de cada diez. 

"El sistema judicial se enfoca en personas que son muy vulnerables (...). Esta condición hace que la persecución y el encarcelamiento de mujeres causen un impacto mínimo en los mercados de drogas porque quienes los dirigen permanecen indemnes".

Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina.

¿Hay un motivo por el cual las cárceles femeninas están llenas de mujeres acusadas de narcotráfico y las de varones no? Y avanzando un poco más ¿cuál es la causa de que esas mujeres sean, en su mayoría, pobres y tengan hijos a cargo? La historia de estas tres jóvenes es reveladora de un mecanismo repetido hasta el infinito en el mundo narco: la extorsión para transformar a un ser humano en una "mula".   

Desesperadas

Aunque no se conocían, las tres mujeres que terminaron presas en nuestra provincia tenían todo en común: eran jóvenes, tenían trabajos precarios en Bolivia y eran madres solteras.

Daniela trabajaba en la cocina de un restaurante, tenía tres hijos y ,el cayó en la trampa luego de enterarse de que un auto le había destrozado los huesos de uno de los pies al más chiquito. No tenía para los remedios.

Juana ofrecía ropa por internet. Aunque sólo tenía un sólo hijo, arrastraba una deuda que no podía saldar: hacía poco lo habían enyesado y le debía al médico particular más de lo que podía ganar en un mes.

María también tenía un solo hijo, pero también cinco hermanas a cargo y un padre internado por dengue. Para mantenerlos, vendía choclos, pero era imposible llegar a fin de mes. 

Ninguna ganaba más de 1.200 Bolivianos, que equivalen, aproximadamente, a 240.000 pesos argentinos. Era febrero y se acercaba el inicio de clases, pero con la plata que apenas alcanzaba para comer, no había ni para comprar un cuaderno. Mucho menos zapatillas ni uniformes. Fue entonces cuando apareció “la Mujer”.

Salvadora

“La Mujer” tiene nombre y apellido pero, para no entorpecer la investigación en curso, no será revelado. Daniela, María y Juana también tienen nombres reales pero, por su seguridad, su verdadera identidad está protegida. 

La Mujer apareció en la vida de cada una más o menos de la misma manera. Casual, amigable, mostrando empatía por sus desesperantes problemas económicos y ofreciendo un trabajo que podría salvarlas: viajar a Argentina a traer mercadería, especialmente, ropa y cremas. No insistió, más bien se mostró preocupada por lo que a cada una le pasaba y, con el correr de los días, las tres terminaron aceptando. La promesa: un pago de 200 dólares por viaje, más de lo que ganaban en todo un mes trabajando.

La verdad

Aún sin conocerse, las tres viajaron desde sus respectivos pueblos hacia Villazón, ciudad fronteriza entre Bolivia y Argentina, con pasajes pagados por la Mujer. Fueron recibidas en la terminal de ómnibus y amablemente trasladadas hacia una casa blanca en una esquina.

Allí, la Mujer las presentó entre sí y las invitó a descansar del viaje. Se retiró unos minutos y volvió acompañada por dos hombres altos que portaban tres bolsas negras de plástico. Adentro de cada una había cápsulas de entre tres y cuatro centímetros de largo, numeradas y de diferentes colores, uno para cada una de ellas. La Mujer, que hasta entonces se había mostrado amigable y comprensiva, cambió el tono de voz y les ordenó tragárselas.

Daniela fue la primera en darse cuenta y gritar. Reclamó que ella estaba allí para ir a comprar ropa en Argentina, no para llevar cocaína en las tripas. Anunció que se marchaba y, entonces, se pusieron en acción los dos hombres. Les quitaron los teléfonos a las tres y les trabaron la salida. 

Una hora calculan que lloraron mientras la Mujer, entre insultos, les recordaba que estaban solas, sin dinero ni teléfono en una ciudad que no conocían y que, además, podía pasarle algo a sus hijos. Una hora, hasta que Daniela intentó tragar por primera vez. No pudo. Vomitó y la obligaron a lavar la cápsula e intentarlo otra vez. Juana y María la siguieron. 

La garganta les comenzó a arder cuando cada una llevaba cerca de diez cápsulas ingeridas, vomitadas y vueltas a tragar. Después, empezó el sangrado. Al final, Daniela ingirió 68; Juana, 48; y María, 50. Tardaron casi toda esa noche.

Al amanecer ya habían salido de Bolivia e ingresado a la Argentina de manera clandestina, a través del río, acompañadas de los dos custodios que -suponen ellas- estaban armados y no dejaban de recordarles lo que podría ocurrirles a sus hijos. En La Quiaca fueron entregadas a otro hombre que las llevó en auto hasta la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, donde las vigiló hasta que retiraron el pasaje de la ventanilla y tomaron el micro de la empresa Andesmar, con destino a Mendoza. 

Llevaban ya mucho tiempo sin comer pero no tenían dinero, ni argentino ni boliviano. Es probable que eso les haya salvado la vida: si ingerían alimento, el movimiento intestinal y los jugos digestivos podrían haber roto el látex de las cápsulas y liberado la cocaína en sus intestinos. 

Del hospital al calabozo

Habían sorteado el primer control, antes de subir al micro, con éxito: el perro de la policía de Jujuy que olfatea a toda persona de nacionalidad boliviana no había detectado nada. Pero no pudieron pasar el segundo, en Trancas, Tucumán. Miembros de Gendarmería hicieron bajar a todas las personas con apariencia “coya”. María era la más nerviosa. Por eso, la llevaron al hospital, para hacerle una radiografía. Juana y Daniela quedaron en el micro. Pero hablaron: dijeron que traían cocaína. 

Las tres fueron trasladadas al Centro de Salud, en la capital tucumana, donde comenzó el dolorosísimo proceso de expulsión de las cápsulas. No les permitieron dormir y las hicieron caminar por el lugar para movilizar los intestinos. Agua y vaselina, agua y vaselina. Cuando los paquetes comenzaron a salir, lo hicieron mezclados con sangre y coágulos. Las tres quedaron internadas y, al día siguiente, fueron presas, acusadas de narcotráfico. 

En la Brigada Femenina, las demás detenidas las tomaron como “mucamas”. Les dijeron que, por ser bolivianas, tendrían que limpiar los baños y el resto de las instalaciones. Ellas cumplieron: jamás habían estado en la Argentina, mucho menos presas. Era mejor no contradecir a sus compañeras.

El abogado

Alejandro López Isla se enteró por la prensa de que había tres mujeres detenidas por tráfico, vulgarmente llamadas “mulas”. Abogado de profesión y con larga experiencia en investigación penal en homicidios, venía estudiando la relación entre el tráfico de drogas y la trata de personas. Por eso, fue a conocerlas. Y decidió asumir su defensa. 

López Isla sabía que la Justicia Federal estaba poniendo el foco en la vulnerabilidad de las personas que trasladaban drogas. Muchas, la mayoría eran mujeres y ninguna tenía dinero ni poder, mucho menos una posición alta en las organizaciones narco. Por el contrario, casi siempre se trataba de jóvenes en extremo pobres y con hijos a cargo. Nadie con capacidad de decisión usa su propio cuerpo como un envase descartable para trasladar drogas, bajo el riesgo de que, si se rompe una cápsula, la cosa termina en muerte. Los narcos tienen la costumbre de usar el cuerpo ajeno. 

"La llamada 'guerra contra las drogas' librada en América Latina a partir de los años 90 llenó las cárceles de mujeres pobres".

Mariana Iglesias,

"Ver a las mujeres del microtráfico más allá del expediente".

Por eso, López Isla conocía fallos en los que se habían reducido las penas por narcotráfico o, incluso, absuelto a algunas mujeres. Sin embargo, no había muchos antecedentes sobre el camino que él pensaba tomar: lograr la libertad de sus clientas en la primera audiencia ante el juez. Confió en que el magistrado notaría todos los marcadores que delataban que no se trataba de narcotraficantes sino de personas obligadas a traficar. Y eso significaba que, en lugar de delincuentes, eran víctimas de trata de personas. Por lo tanto, debían quedar en libertad. 

Un fallo temprano e innovador

A diferencia de otras mujeres que tuvieron que soportar meses de prisión preventiva hasta que algún juez notara que, en realidad, habían sido obligadas a traficar; Daniela, María y Juana fueron escuchadas desde la primera audiencia, realizada el 18 de marzo. A pedido del defensor López Isla, estuvo presente personal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que también formuló preguntas. 

La defensa sostuvo que las declaraciones de las mujeres fueron “coherentes, coincidentes y detalladas en cuanto a los mecanismos de captación, traslado, coacción y amenaza sufridos”, por lo que pidió la activación del enfoque de protección previsto en la ley 26.364 (de Trata de Personas). El objetivo: no tratar como acusadas a posibles víctimas. 

La Fiscalía, en lugar de formular acusación, pidió el sobreseimiento de las tres. “Es sabido que la mayoría de las mujeres que ingresan al mundo de las drogas ilícitas lo hacen al nivel más bajo, como portadoras humanas y como 'micro traficantes' en pequeña escala, y por lo tanto no ocupan un papel de liderazgo en el proceso de comercialización. Si bien se sabe que los varones predominan en este campo, las consecuencias de las sanciones penales impactan de forma distinta entre las mujeres y con frecuencia tienen un mayor impacto en sus hijos y familias”, sostuvo el fiscal Agustín Chit.

“Esta situación posiciona (...) a las encartadas como posibles víctimas de un proceso estigmatizante, que ignora el fenómeno de las mujeres migrantes en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, de las que se sirven las bandas y clanes narcocriminales. Así es como las mujeres están ubicadas en esas organizaciones en los eslabones más bajos de la cadena del comercio de estupefacientes y por ende son las más expuestas ante el sistema punitivo estatal”, agregó.

"Las redes de trata generalmente suelen enfocarse en la captación de personas que provienen de zonas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad"

Ministerio de Capital Humano

El juez Guillermo Díaz Martínez consideró que las mujeres actuaron bajo un “estado de necesidad disculpante”. Significa, de acuerdo al Código Penal, que no se puede exigir a alguien que no cometa un delito si se encuentra “violentado por fuerza física irresistible o (bajo) amenazas de sufrir un mal grave e inminente". Entendió que la voluntad de las mujeres se encontró claramente restringida, no sólo por las “situaciones de extrema vulnerabilidad económica y familiar, en tanto asumían en soledad o de manera predominante las tareas de cuidado y sostén económico de hijos menores y otros integrantes de sus familias”, sino que actuaron bajo amenaza y coacción. 

Ese mismo día, Daniela, Juana y María fueron sobreseídas y quedaron en libertad. Juntas, fueron acogidas en un lugar seguro, cuya dirección no puede ser revelada. 

Volver

En el final de esta historia no suenan clarines de victoria y redención. Daniela, Juana y María lejos están de sentirse libres, aunque lo son. La situación que las llevó hacia donde están no cambió. Todo lo contrario. 

Los hijos, hermanas y padres de las tres continúan en Bolivia, sólo que sin ingresos. Los niños quedaron a cargo de personas que ya no pueden cuidarlos o que también son menores de edad. Ellas les dejaron dinero para comer durante cinco días, pero ya se está por cumplir un mes de su ausencia.

Una de ellas fue denunciada por el padre de su hijo por abandono de persona y debe presentarse en Tribunales el martes, bajo riesgo de ser declarada “en rebeldía”. Su abogado y el Consulado de Bolivia están haciendo lo imposible por averiguar en qué juzgado se tramita la causa para explicar por qué la joven no puede presentarse. 

Tienen el corazón y el alma divididos. Quieren irse ya, sospechan que sus hijos no están bien pero sus familiares no se lo dicen. No tienen nada que llevarles, pero quieren volver con ellos. Tienen miedo: la Mujer todavía está libre y perdió todo el capital que había depositado en el cuerpo de ellas para usarlas como animales de carga.

Sin embargo, se quedan. Todavía están en Tucumán. Les queda una última tarea: difundir.

Contar su historia para que ninguna otra mujer caiga en la trampa otra vez. Hablar, para que todos los operadores que participan de un viaje (choferes, vendedores de boletos, gendarmes) sepan identificar las señales de trata de personas. Mostrar el documento que les devolvió la libertad como un faro para una justicia que todavía responde, autómata, con castigos por doquier.  

Y servir de ejemplo vivo de que, en el mundo narco, mandan los hombres y van presas las mujeres.