La crisis silenciosa: Tucumán registró 227 suicidios en 2025 y busca acelerar la reglamentación de la Ley de Salud Mental

La República Argentina atraviesa una encrucijada crítica en materia de salud mental, definida por un incremento del 21,6% en la tasa de suicidios a nivel nacional durante el último año. En este escenario, la provincia de Tucumán presenta una realidad compleja: con 227 víctimas de suicidio en 2025, su tasa de 13,5 por cada 100.000 habitantes se sitúa significativamente por encima del promedio federal de 11,8. Este deterioro de los indicadores sanitarios impulsó el tratamiento de una nueva Ley de Salud Mental en el Senado de la Nación que busca facilitar las internaciones involuntarias, mientras que en Tucumán, el foco se desplaza hacia la urgente reglamentación de la normativa provincial sancionada unánimemente en septiembre de 2025. Ambos procesos legislativos intentan dar respuesta a una problemática agravada por el consumo de sustancias que, en el aglomerado tucumano, comienza a edades cada vez más tempranas y con nuevas modalidades de sociabilidad.

A nivel nacional, el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, confirmó que en 2025 se contabilizaron 5.209 víctimas de suicidio, marcando una tendencia ascendente sostenida desde hace seis años. Ante la explosión de la demanda, el Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto para modificar la Ley 26.657, el cual propone facilitar los tratamientos e internaciones involuntarias y vuelve a poner en el centro la figura del médico psiquiatra.

La reforma nacional introduce cambios terminológicos y operativos profundos: ya no se habla de “padecimiento mental”, sino de “afección o trastorno de salud mental”, y se flexibilizan los requisitos para la internación forzosa. Mientras la ley vigente exige un “riesgo cierto e inminente”, la nueva propuesta establece que “basta con advertir que existe una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, adoptando un criterio situacional que obliga a considerar los antecedentes y la evolución previsible del paciente. Asimismo, la iniciativa nacional permite explícitamente las internaciones en “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, revirtiendo la prohibición de crear nuevos centros monovalentes.

Suicidio y el flagelo del consumo precoz

La situación de Tucumán en el marco del SNIC revela, según el informe al que accedió TDN, un incremento de la vulnerabilidad, pasando de una tasa de suicidios de 12,0 en 2024 a 13,5 en 2025, lo que representa una variación del 13,3% en la cantidad de hechos consumados. Los expertos vinculan directamente este fenómeno con los consumos problemáticos, los cuales mutaron drásticamente en las aulas tucumanas.

Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas de la SEDRONAR, el 72,5% de los alumnos de secundaria en Tucumán probó bebidas energizantes y un 32% experimentó con cigarrillos electrónicos, superando al tabaco tradicional (26,6%). El alcohol sigue siendo la sustancia predominante con una prevalencia de vida del 68,7%. Lo más alarmante es la precocidad del inicio: el consumo de energizantes promedia los 12 años y el de alcohol los 13 años, confirmando que más de la mitad de los estudiantes tucumanos inician estas prácticas antes de los 15 años. Este entramado de consumos se asocia frecuentemente a los trastornos que derivan en intentos de suicidio.

La lucha por el presupuesto

A diferencia del enfoque de internación forzosa que prima en la reforma nacional, la Ley Provincial de Salud Mental de Tucumán —sancionada por la Legislatura provincial— pone énfasis en un abordaje interdisciplinario y comunitario. La norma provincial establece un plan rector bajo el Ministerio de Salud, crea una comisión interministerial y promueve el programa “Volver a Casa”, orientado a la reintegración de pacientes internados por razones sociales a entornos ambulatorios.

Sin embargo, el punto de mayor divergencia y tensión radica en el financiamiento. La ley tucumana asume el compromiso de “asignar al menos el 10% del presupuesto de salud a estas problemáticas”, una meta que históricamente fue esquiva. A nivel nacional, aunque la ley vigente también estipula un piso del 10%, para 2025 se destinó apenas el 1,68% del presupuesto total de salud, y la ejecución real en programas de salud mental para mediados de mayo de 2026 mostraba un devengado de solo el 6,2%.

Ante lo que el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, califica como una “ausencia de políticas públicas a nivel nacional” y un “abandono de políticas de prevención”, el Gobierno de Tucumán impulsa la pronta reglamentación de su ley local. Referentes del Colegio de Psicólogos y especialistas en trastorno suicida solicitaron celeridad en este trámite para fortalecer los dispositivos sociocomunitarios. El presidente subrogante de la Legislatura, a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, junto a Masso, mantuvieron el jueves una reunión con Fabiana Lavaque, integrante del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, ex presidenta de la institución, coordinadora y representante de Salud Mental del Rotary, y con Florencia Romero, preventora comunitaria en trastorno suicida.

Masso adelantó que en las próximas semanas podrían registrarse avances concretos en la reglamentación de la ley. “Seguramente en 15 días nos volveremos a reunir y ya tendremos una respuesta sobre cómo será la reglamentación de la Ley de Salud Mental de la provincia y de qué manera podremos avanzar en estos dispositivos sociocomunitarios”, señaló.

El ministro también advirtió sobre el contexto actual y la necesidad de reforzar la presencia estatal. “Estamos atravesando una coyuntura difícil, donde el Gobierno nacional ha abandonado políticas públicas vinculadas a la prevención, especialmente en materia de consumo problemático y adicciones. Por eso la Provincia está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para fortalecer estos dispositivos, que creemos serán fundamentales para dar mejores respuestas a una problemática que existe, que atendemos, pero que requiere profundizar las acciones”, concluyó.

Fabiana Lavaque, integrante del Colegio de Psicólogos, advirtió que la reglamentación es la herramienta clave para “acercar soluciones a una problemática tan compleja” como el incremento de conductas de riesgo en población adolescente cada vez más joven. La especialista hizo especial hincapié en la necesidad de fortalecer las acciones preventivas desde una perspectiva comunitaria. “Hemos insistido especialmente en la promoción y el abordaje comunitario de las conductas de riesgo porque entendemos que esa es la línea en la que nuestra provincia puede avanzar”, afirmó.

La provincia se encamina así a un esfuerzo adicional para consolidar una red de atención que evite que el dolor mental sea una “falla moral” y se convierta en una “herida compartida” atendida por el Estado.