Violencia institucional: policías fueron sentenciados tras inventar una causa contra un conductor

El fallo, dictado por el magistrado Mario Velázquez, evidenció que los uniformados falsificaron documentación y testimonios para justificar el arresto irregular de la víctima, al tiempo que cuestionó con firmeza las fallas estructurales del sistema penal local para investigar delitos cometidos por integrantes de la fuerza policial.

El caso comenzó en la madrugada del 27 de marzo de 2023, cuando Roberto Andrés Marchese tuvo un siniestro vial en la intersección de la Ruta Nacional 38 y calle Italia. Aunque el conductor colaboró inicialmente con el procedimiento, la situación dio un giro violento dentro de la dependencia policial, donde los efectivos decidieron privarlo de su libertad bajo el argumento falso de que había cometido una contravención, tras lo cual fue alojado en una celda hacinada junto a otras 17 personas.

La investigación, que fue reabierta por iniciativa del fiscal regional Miguel Ángel Varela tras un archivo inicial, determinó que el oficial principal William Martínez y el agente Santiago Barrionuevo elaboraron documentos con contenido ideológicamente falso y declaraciones testimoniales mendaces para encubrir el arresto. Según la reconstrucción judicial, esta maniobra fue un "aporte indispensable" para que Roberto Andrés Marchese sufriera una severa golpiza, la cual quedó constatada mediante informes médicos que compararon su estado físico antes y después de ingresar al calabozo.

En su resolución, el juez Mario Velázquez dictó penas de prisión condicional para ambos implicados: William Martínez recibió una sentencia de un año por falsedad ideológica y participación necesaria en lesiones leves, mientras que Santiago Barrionuevo fue condenado a seis meses por falso testimonio y participación en dichas agresiones. Ambos deberán cumplir reglas de conducta, pagar una reparación económica a la víctima y tienen prohibido mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Este fallo representa un llamado de atención institucional, ya que el magistrado subrayó que la violencia institucional constituye una grave amenaza al Estado de Derecho y daña profundamente la confianza social en las fuerzas de seguridad. La sentencia no solo castiga el abuso ocurrido en Monteros, sino que advierte sobre la necesidad imperiosa de que las denuncias con respaldo probatorio contra funcionarios policiales no vuelvan a ser archivadas arbitrariamente por el sistema judicial.

Fuente: La Gaceta