Gracias a un infiltrado, condenaron a un preso que explotaba sexualmente a mujeres desde la cárcel de Villa Urquiza

Un hombre que cumplía una condena por trata de personas en el penal de Villa Urquiza fue condenado hoy por el mismo delito y sumó 12 años más a los 12 que ya tenía. En tanto, su pareja y cómplice, que ya había cumplido una primera sentencia, volvió a prisión.

Se trata de Walter Ayala, un delincuente que en el año 2019 fue condenado por regentear una red de trata en la que había reclutado incluso a menores de edad, fotografiándolas primero y luego extorsionándolas y amenazándolas para explotarlas sexualmente. Su novia, Alejandra Beatriz Galván, fue sentenciada a cumplir cinco años de prisión por el mismo delito.

Cuatro años después, una denuncia anónima alertó a la fundación María de Los Ángeles sobre una nueva red que operaba en la capital tucumana. El fiscal Agustín Chit tomó las riendas de la investigación y dispuso que un miembro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se "infiltre" haciéndose pasar por cliente. El agente revelador consiguió, vía internet todos los datos, hasta que dio con el número de teléfono del regenteador.

Cuando la Justicia pidió su geolocalización, descubrieron que estaba ubicado en la cárcel. Se dispuso un operativo especial para detenerlo: los agentes policiales se disfrazaron de visitas para evitar que se filtre el dato de que comenzaba un allanamiento, lo que podría haber ocasionado que el delincuente "descarte" el teléfono que usaba para cometer los delitos. Una vez adentro, revelaron su identidad, el regenteador fue atrapado y el celular también.

Se trataba del mismo Walter Ayala que había sido condenado en 2019. Las intervenciones telefónicas (conocidas como "pinchaduras") revelaron que su cómplice afuera era también su pareja, que ya había cumplido la condena.

Ayala había conseguido no sólo tener varios teléfonos dentro de la cárcel; sino permanecer en un sitio apartado de los demás presos, compartiendo la celda sólo con uno. En el lugar, además de los celulares, se hallaron anotaciones que hacía el propio reo, con los nombres de las mujeres, sus números de teléfono y los datos de la recaudación.

Se descubrió que reclutaba a mujeres en especial estado de vulnerabilidad económica y social y las incorporaba al circuito prostibulario que se desarrollaba en varios departamentos de la capital tucumana. Fuera del penal, su pareja y cómplice, Galván, cumplía funciones "presenciales": controlaba a las víctimas, supervisaba la actividad diaria y recaudaba el dinero que se pagaba en efectivo.

Galván, además, era la encargada de tomar fotos a las mujeres y hacer videos de contenido sexual. Las imágenes eran luego subidas a una página llamada Skokka (la misma que usaron cuando fueron condenados por primera vez) y difundidas a través de WhatsApp y otras redes.

Dado que Ayala estaba preso, la mayoría del dinero se movía a través de billeteras virtuales. Además hacía que las mujeres hagan videollamadas de contenido erótico que él cobraba. También impartía instrucciones sobre horarios, turnos, precios, distribución de mujeres entre los distintos departamentos y modalidades de atención a los clientes. Finalmente, se descubrió que él manejaba todo el contenido y el tráfico de dinero virtual (Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja, entre otros) y Galván se encargaba de las tareas que requerían su presencia física.

Ante la evidencia recolectada, Ayala y Galván aceptaron su responsabilidad y, de esa manera, accedieron a un juicio abreviado. La jueza Carina Farías los condenó a 12 y ocho años de prisión respectivamente, otra vez por el delito de trata con fines de explotación sexual contra ocho mujeres. La fiscalía estuvo representada por Pablo Camuña y los auxiliares Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa. La fundación María de los Ángeles actuó como querellante.