Expulsan a docente de Río Seco por manosear y enviar mensajes inapropiados a sus alumnas

El Gobierno de Tucumán dispuso el despido del docente Rodolfo Antonio Uncos, quien se desempeñaba en la Escuela Técnica N° 1 de Río Seco, luego de que una investigación administrativa concluyera que incurrió en conductas incompatibles con el ejercicio de la función docente, en el marco de denuncias formuladas por alumnas del establecimiento educativo. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1459/5 (MEd), publicado este viernes en el Boletín Oficial, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso. 

Se trata del segundo caso dado a conocer esta semana de docentes tucumanos que son expulsados del sistema por delitos de índole sexual en el ámbito escolar y en perjuicio de menores de edad.

La resolución difundida este viernes pone fin al sumario administrativo iniciado en octubre de 2024 y posteriormente reabierto y ampliado durante 2025. El expediente se originó a partir de la denuncia presentada por la directora del establecimiento tras la acusación formulada por los padres de una alumna de tercer año, quienes denunciaron presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en 2023.

Durante la investigación también se incorporó una segunda denuncia realizada por otra estudiante, que manifestó haber sufrido acercamientos físicos que le generaban incomodidad y haber recibido mensajes privados del docente.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que las pruebas reunidas permitieron acreditar un patrón reiterado de conductas impropias hacia distintas alumnas, entre ellas el envío de mensajes personales con contenido inapropiado y contactos extrainstitucionales, además de comportamientos que vulneraban los límites propios de la relación pedagógica. Según el decreto, esos hechos constituyen un incumplimiento grave de los deberes establecidos en el Estatuto del Docente.

La investigación también señala que el propio docente reconoció durante su descargo que había cometido "un error profesional" al mantener ese tipo de comunicaciones con una de las estudiantes, aunque intentó relativizar la gravedad de los hechos. Sin embargo, el instructor del sumario concluyó que los argumentos defensivos no lograban desvirtuar las pruebas incorporadas al expediente.

El decreto enfatiza que las conductas verificadas no constituyeron hechos aislados, sino un comportamiento sostenido respecto de distintas alumnas, circunstancia que, según la administración provincial, agravó la falta disciplinaria al afectar la confianza indispensable entre docentes y estudiantes. Asimismo, remarca que la escuela debe constituir un ámbito de protección para niños, niñas y adolescentes, por lo que el accionar atribuido al profesor resulta incompatible con la permanencia en el sistema educativo.

En ese sentido, el Ejecutivo fundamentó la exoneración definitiva en el incumplimiento de los deberes de desempeñar la función con dignidad, lealtad y conducta moral acorde con la tarea educativa, previstos en la Ley Provincial N° 3.470. También invocó la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la legislación provincial vigente en materia de protección de las infancias.

Otro de los aspectos destacados del decreto es que el Gobierno sostiene que el eventual archivo de la causa penal no limita el ejercicio del poder disciplinario de la Administración Pública, al tratarse de ámbitos jurídicos independientes. En esa línea, afirma que la responsabilidad administrativa quedó acreditada con las pruebas reunidas durante el sumario y con el reconocimiento del propio docente respecto de algunas de las comunicaciones mantenidas con alumnas.

Además de aplicar la máxima sanción disciplinaria prevista para el personal docente, el decreto ordena comunicar la exoneración a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, a fin de impedir que el agente pueda reingresar al sistema educativo provincial, ya sea como titular, interino o suplente, por no reunir las condiciones exigidas por el Estatuto del Docente. La medida también fue notificada al Tribunal de Cuentas de la Provincia, conforme a la normativa vigente.

Una larga lista de antecedentes

El de Río Seco se trata del segundo decreto de expulsión de un docente por hechos de gravedad publicado por el Poder Ejecutivo en lo que va de la semana. El martes último, el Gobierno también oficializó el despido de José René Moyano, un preceptor de un establecimiento secundario de la localidad de Lules tras la conclusión de un sumario administrativo por una causa vinculada a abuso sexual en la que recibió una condena de tres años de prisión condicional.

Entre otros antecedentes recientes también figuran la expulsión de Jorge David Perea, acusado de abuso sexual contra un alumno de una escuela de El Manantial; la exoneración de Juan Carlos Zerrizuela, tras comprobarse episodios de acoso sexual hacia cinco alumnas de un mismo curso; el apartamiento de Ignacio Eduardo Del Olmo por mantener conversaciones inapropiadas por WhatsApp con una estudiante menor de edad; y los casos de Adrián Alberto Abregú y del preceptor Miguel Ángel Carrizo, ambos separados definitivamente del sistema educativo luego de condenas por abuso sexual contra alumnas.

En todos los expedientes, el Ministerio de Educación impulsó investigaciones administrativas que concluyeron con la aplicación de la máxima sanción prevista en el Estatuto del Docente, en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todos estos gravísimos antecedentes también encienden luces de alarma en el sistema educativo provincial.