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A través de la Resolución 1089/2026 dictada en el Boletín Oficial, la cartera nacional fundamentó la iniciativa en la creciente complejidad que presenta el crimen organizado y en la necesidad de contar con herramientas tecnológicas actualizadas. El nuevo sistema permitirá analizar e identificar a personas evadidas de la Justicia mediante variables objetivas que ponderan la naturaleza de los delitos imputados, la magnitud de las penas dictadas, la reincidencia y la pertenencia a estructuras delictivas.
La norma dispone que el esquema funcionará en la órbita del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre), donde se desarrollará una base de datos unificada y un análisis automatizado. Esta estructura reforzará la articulación existente entre el Programa Nacional de Recompensas y los registros dependientes del Ministerio de Justicia, buscando dinamizar el trabajo coordinado entre los distintos organismos estatales involucrados en la recaptura de evadidos.
Para el funcionamiento operativo se constituyó la Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, integrada por referentes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. Asimismo, el espacio contará con la participación de especialistas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, posibilitando la incorporación de representantes del Poder Judicial de la Nación.
La conducción del desarrollo informático y de la mesa evaluadora estará a cargo del titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad, con la colaboración de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia para el suministro de antecedentes penales y órdenes de captura. El organismo mantendrá encuentros de carácter mensual para definir parámetros de peligrosidad, elaborar informes de gestión y actualizar los criterios de evaluación según el comportamiento de las dinámicas delictivas en el territorio nacional.