
Un cannabicultor tucumano enfrentará juicio oral a partir del viernes, acusado de tenencia simple de estupefacientes. La polémica en torno de este caso reside en que el imputado estaba habilitado por el Estado para cultivar y autorizado por el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). El otro punto llamativo es que le ofrecieron evitar el juicio mediante una probation, pero él rechazó la oferta y prefirió ir a debate público.
De la feria al calabozo
En 2023, en Tafí Viejo, se realizó un encuentro de cannabicultores, al que asistieron personas que practican el autocultivo de manera legal por cuestiones médicas. Allí, Charbel González Saravia presentó una charla con su experiencia. A los pocos días, fue allanado por la Policía.
El operativo, en teoría, se había ordenado por una mujer que denunció el robo de un lavarropas viejo de su casa y un “informante” de la Policía (cuya identidad nunca se conoció) dijo que González Saravia se lo había comprado al delincuente. Cuando los uniformados irrumpieron en su casa, no hallaron el objeto robado pero sí secuestraron las plantas.
El dueño de casa mostró el certificado Reprocann que lo habilitaba para el autocultivo por cuestiones médicas, pero de todas maneras quedó detenido. Otros dos expositores de aquél encuentro también fueron allanados.

Sobre plantas y plantines
Tras el procedimiento, el Ministerio de Seguridad informó a los medios que se había secuestrado más de 100 plantas de marihuana, además de productos elaborados con canabbis como mermeladas y shampúes. Giró las actuaciones a la Justicia Federal, que acusó a Gonzáles Saravia por tenencia simple de estupefacientes. La fiscalía sostiene que, si bien él estaba inscripto en el Reprocann, la ley sólo lo habilitaba a tener nueve plantas.
En realidad, lo que permite tener el programa son nueve “plantas en floración”. Y ese es justamente, el eje de la discusión entre la defensa de González Saravia, ejercida por Patricio Char, y la fiscalía.
El cultivador asegura que lo que encontró la Policía en su casa no eran “plantas floradas”, como indica la ley, sino plantines y brotes. “La ley no establece ningún límite para tenerlos”, aseguró en diálogo con Tendencia de Noticias.
González Saravia explica la diferencia entre uno y otros: “las plantas floradas son las maduras, que ya se revelaron como hembras y producen cannabinoides, que son las sustancias que nosotros necesitamos medicinalmente”. Se trata de compuestos químicos que interactúan con el sistema nervioso y otras partes del cuerpo.

“Antes de alcanzar la etapa de floración, es decir, cuando son plantines o brotes, no tienen cannabinoides. Es decir, no tienen ninguna diferencia con cualquier otra planta, no produce ningún efecto en la salud humana”, detalló.
“El gran problema que tenemos los cannabicultores es que, aunque estemos autorizados por el Estado por cuestiones de salud, la Policía no sabe distinguir plantas de plantines. No es posible que hayan encontrado plantas floradas en esa época del año, eso ocurre en invierno. No soy el único que está enfrentando este problema”, detalló.
Cuestión de salud
Para tener autorización estatal de autocultivo es necesaria una prescripción médica. “Soy un paciente con hemofilia severa, lo cual me provoca dolor crónico y discapacidad. Por eso me autorizaron. Y por eso es que, cuando me dictaron la prisión preventiva, mi sufrimiento fue doble: por un lado, porque me trataron como a un delincuente y, por otro, porque la falta de mi medicina hizo insoportables los dolores”, recordó.
“Por eso es que los cultivadores tenemos muchos plantines y brotes: porque la mayoría de las plantas mueren antes de llegar a la floración y, cuando lo hacen, se revela que algunas son hembras y muchas son machos. Los machos no producen cannabinoides, no sirven medicinalmente. Si nosotros no tuviéramos esos brotes, correríamos el riesgo de quedarnos sin medicina”, explicó.
De policías y delincuentes
La causa se extendió por casi tres años, explica el abogado Patricio Char, hasta que la fiscalía consideró que, en caso de haber existido alguna falta, era menor y podía resolverse el conflicto sin ir a juicio. Por eso, le ofrecieron una probation, es decir, una suspensión de juicio a prueba. Se trata de una forma de zanjar el problema sin declarar culpable al acusado, ni ensuciar sus antecedentes penales, a cambio de que realice determinadas tareas comunitarias.
Sin embargo, González Saravia rechazó la oferta. “Yo quiero ir a juicio, porque me trataron como a un delincuente y resultó ser que el delincuente no era yo, sino el policía que me allanó”, reveló: “en ese procedimiento estuvo nada menos que Gustavo Beltrán”.
Beltrán era jefe de la Unidad Norte de la Policía de la Provincia. El año pasado, se descubrió que sacaba detenidos de la comisaría para hacerlos trabajar en su domicilio particular. Terminó confesando y fue condenado a tres años de prisión efectiva.
“Desproporcionado y persecutorio”
“Yo soy inocente, soy un paciente y fui autorizado a cultivar por el propio Estado Nacional que ahora me acusa. Y como no acepté ningún tipo de acuerdo, me lleva a juicio. Allí estaremos, defendiendo nuestros derechos. Procesar penalmente a una persona inscrita de forma legal en el Reprocann desprotege a miles de usuarios que cultivan bajo el amparo de la ley”, consideró González Saravia.
“Es totalmente desproporcionado y persecutorio llevar a juicio oral a un paciente por una discusión técnica sobre el estado de floración de una planta, ignorando el derecho a la salud y a la calidad de vida de las personas. Es un uso ineficiente de los recursos del sistema judicial. Pero, sobre todo, si se condena a un paciente legal, se siembra un precedente de absoluta inseguridad jurídica para cualquier usuario medicinal del país”, finalizó.