Tucumán recibió fondos nacionales para obras viales en sintonía con votaciones clave del Congreso

Durante los primeros cinco meses de este año, Tucumán fue una de las provincias que recibió pagos del Sistema Vial Integrado (SisVial) en coincidencia con tres votaciones legislativas de relevancia para el Gobierno nacional, según surge del análisis de balances contables e informes oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública. La Dirección Provincial de Vialidad de la provincia cobró $2322,8 millones para financiar obras en la ruta provincial 307, una traza que acumulaba tres años de demoras y menos del 20% de avance físico, mientras los legisladores alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo votaron en las tres sesiones en el mismo sentido que el oficialismo.

En simultáneo, y de manera independiente a este relevamiento, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur, reclamó públicamente al Gobierno nacional que destine los fondos correspondientes al mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, de acuerdo con las leyes vigentes.

Estos datos forman parte de un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, publicado en el diario La Nación, que reconstruyó a partir de documentación oficial el ritmo de desembolsos del SisVial durante distintas sesiones legislativas del Congreso.

El SisVial es un fondo fiduciario que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial en todo el país, aunque una parte de esos recursos fue destinada por el Gobierno a colocaciones financieras, como plazos fijos y letras del Tesoro. Según el relevamiento, entre enero y mayo de este año el fideicomiso registró pagos por obras por $83.145 millones, de los cuales $33.786 millones —el 52,7% del total— se concentraron en tres "ventanas" de tres días cada una, coincidentes con sesiones legislativas consideradas sensibles para el oficialismo: la del 11 al 13 de febrero, cuando el Senado aprobó la reforma laboral y Diputados dio media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil; la del 8 al 10 de abril, cuando Diputados aprobó la ley de Glaciares; y la del 19 al 21 de mayo, cuando Diputados debatió los proyectos "Hojarasca" y Zonas Frías.

En ese esquema, el 92,5% de los $18.045,4 millones que cobraron cuatro vialidades provinciales —Tucumán, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero— coincidió con esas tres ventanas legislativas. El análisis remarca que esta coincidencia temporal no permite, por sí sola, afirmar una contraprestación política ni establecer una relación causal entre los pagos y las votaciones, aunque cuatro especialistas en administración pública, presupuesto y cuentas públicas consultados coincidieron en que el patrón detectado ameritaría una revisión documental exhaustiva sobre los criterios utilizados por el Ministerio de Economía para ordenar cada desembolso.

Un reclamo paralelo por las rutas nacionales

En ese contexto, el ministro Nazur puso el foco en el estado de la red vial nacional en territorio tucumano. "Le pedimos al Gobierno nacional que invierta los fondos destinados de acuerdo con las leyes vigentes. Tenemos 600 kilómetros de rutas nacionales en Tucumán que son vías claves de conexión y que debemos mantener en condiciones, porque eso significa seguridad vial, impulsar la economía y permitir el tránsito de nuestra producción", sostuvo el funcionario en declaraciones a LG Play.

Según explicó, esas trazas resultan estratégicas para la conexión entre localidades, el traslado de la producción y la actividad económica de la provincia, motivo por el cual insistió en la necesidad de sostener su mantenimiento para garantizar la seguridad vial y una circulación adecuada. En ese sentido, Nazur también valoró la gestión del gobernador Jaldo ante la Nación: "Nuestro gobernador gestiona todo lo que por ley le corresponde a los tucumanos y desde la Provincia seguimos haciendo nuestra parte, sosteniendo una inversión muy importante en nuestra red vial".

El ministro remarcó, además, que mientras reclama por los fondos nacionales, el Gobierno de Tucumán lleva adelante una inversión propia en su red vial, con 170 kilómetros de la red primaria renovados y más de 1900 kilómetros de caminos de las redes secundaria y terciaria intervenidos. La Provincia, señaló, también colabora con el mantenimiento de la red nacional a través del Distrito 3, realizando tareas de bacheo en distintos sectores.

El relevamiento identificó situaciones similares en otras jurisdicciones del país. La empresa José J. Chediack SAICA cobró $11.987 millones del SisVial para obras en la ruta nacional 34 en Jujuy, con el 97,5% de esos pagos coincidiendo con las tres ventanas legislativas, mientras los legisladores que responden al gobernador Carlos Sadir acompañaron al oficialismo en esas tres votaciones. La UTE Enríquez–Albano, por su parte, recibió $4466,5 millones para obras en la ruta nacional 105, en Misiones, en coincidencia con las ventanas de febrero y mayo, con el acompañamiento de los legisladores alineados al gobernador Hugo Passalacqua. También se registraron pagos a Santa Cruz y Salta en sintonía con votaciones puntuales, en las que los legisladores de esas provincias respaldaron al oficialismo.

En sentido inverso, el informe destacó el caso de Santiago del Estero, que recibió $9886 millones del SisVial para la construcción de una autovía en la ruta nacional 9, aunque sus legisladores votaron en contra del oficialismo en las tres ventanas analizadas. Uno de los expertos consultados por el artículo de La Nación señaló, al respecto: "Los desembolsos a Santiago del Estero dificultan afirmar que hay una correlación o causalidad entre las sesiones del Congreso y los desembolsos del SisVial, salvo que se los tome como una forma de 'esconder' los pagos a las provincias que sí ayudaron a la Rosada".

Quién decide los desembolsos

Desde 2024, la decisión de liberar partidas del SisVial corresponde al Ministerio de Economía, según lo dispuesto por decreto presidencial. Un mes después, el ministro Luis Caputo delegó las facultades de dirección de los fondos fiduciarios en su secretario Legal y Administrativo, estableciendo que cada desembolso requiere la opinión previa —de carácter vinculante— del secretario de Hacienda. Un exdirector de un banco público que administró fondos fiduciarios explicó el funcionamiento del mecanismo: "El fiduciario (por el Banco Nación) no decide nada. Paga en función de lo que le informa la autoridad de aplicación (por el Palacio de Hacienda) y no puede apartarse de esa instrucción. Es, en los hechos, una tesorería".