Oficializan la prórroga del Pacto Social hasta diciembre: qué condiciones deben cumplir los municipios

El Gobierno de Osvaldo Jaldo oficializó la continuidad durante el segundo semestre de 2026 del denominado Pacto Social con 11 municipios tucumanos, mediante el cual la Provincia podrá otorgarles asistencia financiera reintegrable destinada, principalmente, a garantizar el pago mensual de los salarios de sus empleados.

La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1.691/3 (MEyP), firmado el 27 de julio y publicado este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia. La norma aprueba el modelo de Acuerdo Fiscal que tendrá vigencia entre julio y diciembre de este año.

El convenio alcanza a las municipalidades de Aguilares, Alderetes, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena, que a cambio de plata para sueldos resignarán su coparticipación.

A través del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, Jaldo facultó al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, para suscribir los respectivos acuerdos en representación del Gobierno provincial, además de las escrituras de cesión de recursos que deberán firmar los municipios ante la Escribanía de Gobierno.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo advirtió sobre las "difíciles circunstancias económicas y financieras" que atraviesa el país y su impacto tanto sobre las cuentas provinciales como municipales. En ese contexto, consideró necesario mantener un accionar conjunto entre ambos niveles del Estado para adoptar medidas fiscales que permitan asegurar el cumplimiento de los compromisos salariales.

Asistencia para garantizar los salarios

El modelo de convenio aprobado como anexo establece que el objetivo central del esquema será el otorgamiento de asistencias financieras reintegrables, principalmente para garantizar la cobertura de la planilla salarial mensual de cada municipio.

La Provincia determinará mensualmente cuánto dinero entregará a cada intendencia, de acuerdo con sus posibilidades financieras. Los fondos serán depositados en la cuenta correspondiente del Fondo Fiduciario Municipal, administrado por la Caja Popular de Ahorros como agente fiduciario.

El acuerdo también contempla que, si surgiera la necesidad de una asistencia mayor por motivos que no hubieran sido previstos inicialmente, podrán suscribirse adendas a través del Ministerio de Economía y Producción. Además, frente a situaciones de necesidad, el Ministerio del Interior podrá determinar asistencias adicionales en el marco de la Ley 8.829, siempre sujetas a las disponibilidades del Tesoro Provincial.

Un aspecto central es que estos préstamos no devengarán intereses. El convenio establece que los municipios deberán devolver a la Provincia los fondos recibidos mediante la afectación de la totalidad de los recursos que les correspondan por Coparticipación Federal y por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), hasta cubrir las deudas que mantengan con el Estado provincial.

Menos gastos y planta de personal congelada

Como contrapartida de la asistencia provincial, el acuerdo establece una serie de compromisos fiscales para los intendentes.

Entre ellos, los municipios deberán reducir el gasto total durante los seis meses de vigencia del convenio y coordinar y optimizar sus sistemas de recaudación tributaria, para lo cual deberán suscribir acuerdos con la Dirección General de Rentas y otros organismos provinciales.

También deberán abstenerse de tomar créditos con organismos nacionales o internacionales, sean públicos o privados, y de realizar operaciones similares sin el conocimiento y la autorización expresa del Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Economía.

Una de las condiciones más significativas se refiere al empleo público municipal: las intendencias se comprometen a "no incrementar la planilla salarial" existente al momento de la firma del acuerdo. Además, deberán contar con el consentimiento del Ministerio del Interior para cualquier alta, baja o modificación de personal.

El acuerdo incorpora además una cláusula vinculada con los litigios entre las intendencias y el Gobierno tucumano.

Para acceder al esquema, cada municipio deberá abstenerse de iniciar acciones legales contra la Provincia y desistir de las demandas judiciales que hubiera iniciado anteriormente. Para esto último contará con un plazo de 45 días hábiles desde la firma del convenio.

También deberá entregar toda la documentación e información que soliciten la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas y la Contaduría General, además de someterse a los controles y fiscalizaciones que disponga el Ministerio del Interior.

Por su parte, el decreto publicado este martes establece un plazo máximo de 30 días desde la firma de cada convenio para que las municipalidades presenten la documentación respaldatoria necesaria para obtener las asistencias.

La coparticipación, como garantía

Otro de los puntos centrales del esquema es la obligación de cada municipio de firmar ante la Escribanía de Gobierno una Escritura de Cesión de Derechos sobre Recursos Coparticipables.

La cesión comprende los fondos provenientes de la Coparticipación Federal, del Fondo de Desarrollo del Interior y cualquier otro recurso de libre disponibilidad que pudiera corresponderles. Esos recursos quedan afectados a favor de la Provincia para cubrir las deudas de cada municipio.

Además, los recursos correspondientes a las asistencias financieras serán depositados por el Gobierno provincial directamente en el Fondo Fiduciario Municipal, de acuerdo con la cesión realizada por cada intendencia.

El esquema se apoya también en la Ley N° 9.951, que facultó a la Caja Popular de Ahorros a extender hasta el 31 de diciembre de 2026 los contratos de fideicomiso celebrados con los municipios en el marco de la Ley N° 7.467.

Finalmente, el modelo de convenio establece que tanto la Provincia como los municipios podrán rescindir el acuerdo en cualquier momento, sin derecho a indemnización o compensación. Sin embargo, si una intendencia decide retirarse del esquema deberá reintegrar la totalidad de la deuda que mantenga con el Gobierno provincial al momento de la rescisión.

De esta manera, la administración de Jaldo mantiene hasta fin de año el mecanismo de asistencia financiera con el que busca sostener las cuentas de los municipios adheridos y, fundamentalmente, garantizar el cumplimiento de sus obligaciones salariales, a cambio de compromisos de disciplina fiscal y de la afectación de recursos coparticipables como respaldo de los fondos aportados por la Provincia.

Quiénes quedan afuera del Pacto

Los municipios que quedaron al margen de este esquema de retención de fondos coparticipables a cambio de recursos para garantizar el pago de sueldos y la prestación de servicios básicos son San Miguel de Tucumán, Concepción, Graneros, Las Talitas, Simoca, Burruyacu, Trancas y La Cocha. Esto les garantiza a los intendentes de esas ciudades plena autonomía financiera y cierto margen de maniobra política, algo que aquellos que sí suscriben al Pacto Social no tienen.