
Tras 48 horas de incertidumbre y parálisis presencial, la crisis edilicia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán parece haber encontrado una vía de solución técnica. Según una nota oficial emitida esta mañana por EDET, los trabajos de normalización en las acometidas del edificio de calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez fueron finalizados con éxito.
El informe técnico, firmado por el ingeniero Néstor Alderete, jefe comercial de la prestataria, confirma que las tareas de reparación se ejecutaron durante la jornada del miércoles 15 de abril. Con esta intervención, las instalaciones han quedado adecuadas a los diseños constructivos vigentes y, lo más importante, el organismo certificó que actualmente el inmueble se encuentra "sin ningún tipo de riesgo eléctrico".
La celeridad de los trabajos responde a la gravedad del diagnóstico previo. Cabe recordar que el pasado 14 de abril, la jueza Carina Farías había dispuesto el cierre total de la sede debido a un reporte de la misma empresa que advertía sobre peligros inminentes de incendio y electrocución. La medida había forzado al personal a adoptar la modalidad de trabajo remoto, garantizando únicamente las actuaciones judiciales de extrema urgencia.
Con el nuevo documento de EDET en mano, el Poder Judicial de la Nación cuenta ahora con el aval técnico necesario para revertir la clausura preventiva. Sin embargo,
no se logró disipar el malestar profundo que atraviesa la justicia federal local. Tras la certificación de EDET sobre la eliminación del riesgo inminente de incendio y electrocución, la mirada gremial se posó ahora sobre el estado general de las oficinas y el impacto del ajuste económico.
Ignacio García Mena, secretario adjunto de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) - Regional 11, destacó la celeridad con la que se abordó la crisis que mantenía el edificio cerrado desde el 14 de abril. "Agradezco la disposición de los jueces camaristas, del encargado del edificio y del secretario que nos dieron aviso inmediato", señaló el dirigente, subrayando que la preocupación central fue siempre la seguridad de los trabajadores ante la "gravedad inminente" del problema eléctrico.
Si bien el edificio de calle Chacabuco 125 ya no presenta riesgos críticos según el último informe técnico, García Mena advirtió que la lucha continúa. Habló de que se trata de una estructura antigua con múltiples problemas edilicios que requieren atención constante, que aún persisten detalles y fallas en la red eléctrica interna que deberán ser solucionados gradualmente mediante gestiones ante la Corte.
El referente gremial también describió un escenario de precariedad que afecta la labor diaria de magistrados y empleados por igual. Mencionó la carencia de insumos básicos. "Las oficinas se han quedado sin impresoras y la renovación de tóneres es prácticamente inexistente", ejemplificó. Esto, relató, obliga a que los empleados deben recorrer distintas dependencias para pedir insumos y poder imprimir borradores de sentencias.
García Mena vinculó estas deficiencias directamente con el contexto económico actual, que afecta tanto el funcionamiento operativo como el poder adquisitivo de los salarios. Como respuesta a esta situación y en reclamo por la pauta salarial, la UEJN ha convocado a un paro nacional de 24 horas para este viernes 17. La medida promete paralizar la actividad en todas las dependencias federales del país.