Preocupación de legisladores tucumanos por el desfinanciamiento universitario

En medio de la creciente tensión por la situación presupuestaria de las universidades públicas y a horas de la marcha federal, un grupo de legisladores tucumanos impulsó un proyecto de declaración en la Legislatura para manifestar “profunda preocupación” por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales.

La iniciativa apunta directamente al impacto que la crisis económica y el ajuste nacional tienen sobre el sistema universitario. En el documento, los parlamentarios sostienen que la situación “compromete el funcionamiento” de las universidades debido a la “pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes”, al recorte sobre becas estudiantiles y a la reducción de la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología.

El proyecto también insta al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar medidas urgentes para resolver “la situación económica crítica que atraviesan las Universidades Públicas en todo el país”, garantizando las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento y el sostenimiento de los trabajadores universitarios.L

a presentación se produce en un contexto de creciente conflictividad en el ámbito académico, marcado por reclamos salariales, paros docentes y advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener actividades esenciales en las universidades nacionales. En Tucumán, la situación tiene especial sensibilidad por el peso histórico y político de la Universidad Nacional de Tucumán, una de las instituciones educativas más influyentes del norte argentino.

El documento lleva las firmas de los legisladores Christian Rodríguez, Raúl Roberto Moreno (h), Gabriel Yedlin, Paula Galván, Carlos Francisco Gómez, Leopoldo Rodríguez, Carlos Sebastián Gallia, Roque Álvarez y Alejandro Figueroa, además de la adhesión del radical José Cano.

En los fundamentos del texto, los parlamentarios remarcan que el deterioro presupuestario no solo afecta el funcionamiento administrativo y académico, sino también la continuidad educativa de miles de estudiantes que dependen de becas y programas de asistencia para sostener sus estudios.

La discusión sobre el financiamiento universitario volvió a ocupar el centro de la escena política nacional luego de las movilizaciones masivas realizadas en defensa de la universidad pública y de las advertencias formuladas por autoridades académicas sobre el riesgo de paralización de actividades en distintas facultades del país.