Ajuste nacional: recortan más de $7.300 millones al acueducto de Vipos a menos de un mes de su adjudicación

El Gobierno nacional profundizó este lunes el ajuste sobre las provincias con un recorte superior a los $970.000 millones en transferencias y obra pública, una decisión que impacta de lleno en Tucumán por la poda de más de $7.359 millones destinados al acueducto de Vipos, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes proyectadas para la provincia en los últimos años.

La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, mediante la cual la administración de Javier Milei eliminó partidas destinadas a programas de desarrollo regional, transferencias a provincias y obras de agua y saneamiento. El recorte afecta especialmente al programa “Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento”, que fue prácticamente desactivado por el Ministerio de Economía.

Entre las obras alcanzadas aparece el “Optimización del Servicio de Agua Potable - Acueducto de Vipos”, con una reducción presupuestaria de $7.359.538.082. La decisión genera incertidumbre sobre el futuro de un proyecto que apenas hace menos de un mes había sido presentado como una de las prioridades conjuntas entre la Nación y el Gobierno tucumano.

El 14 de abril pasado, la Nación había formalizado la adjudicación de la obra a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles, luego de una reunión en Buenos Aires entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Osvaldo Jaldo. En aquel encuentro también participaron el ministro de Economía provincial, Daniel Abad; el titular de la SAT, Marcelo Caponio; y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia.

El anuncio había sido interpretado como una señal política relevante en medio del virtual congelamiento de la obra pública nacional. El proyecto contemplaba una inversión estimada en US$120 millones y la construcción de más de 50 kilómetros de tuberías para reforzar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Miguel de Tucumán.

La iniciativa apuntaba a beneficiar a más de 245.000 habitantes de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán, en una región que viene atravesando desde hace años problemas estructurales de provisión, especialmente durante el verano, con cortes recurrentes y baja presión en amplias zonas urbanas.

El acueducto de Vipos arrastra una larga historia de anuncios y postergaciones. Diseñado originalmente para ampliar la capacidad de conducción desde la zona de Vipos hacia el área metropolitana, el proyecto fue incluido en distintos planes de infraestructura hídrica financiados con organismos internacionales, aunque nunca logró consolidar su ejecución.

La crisis del sistema de agua potable en Tucumán terminó devolviendo centralidad a la obra. Tanto el dique El Cadillal como las tomas de Vipos fueron considerados estratégicos para sostener el crecimiento urbano del norte del Gran San Miguel de Tucumán y reducir la dependencia de pozos y sistemas complementarios que funcionan al límite de su capacidad.

Por eso, la adjudicación oficial concretada en abril había sido presentada por la Provincia como un avance administrativo decisivo. Incluso, el cronograma difundido entonces establecía que el contrato se firmaría dentro de los 30 días posteriores y que el inicio efectivo de los trabajos podría concretarse en aproximadamente cinco meses.

El ajuste dispuesto por la Nación también alcanza a otras obras hídricas del interior, como el sistema de agua potable de Concordia, la planta depuradora de Rafaela y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia, consolidando así una nueva etapa de paralización de infraestructura pública en las provincias.

La decisión se produce, además, en un contexto en el que el Gobierno nacional busca exhibir señales de desaceleración inflacionaria y equilibrio fiscal. Mientras distintas consultoras privadas proyectan una inflación de abril por debajo del 3%, el Ejecutivo profundizó el recorte del gasto público como eje central de su política económica.