Prestaciones, auditorías y pensiones: la reforma de Milei abrió un fuerte debate en Tucumán

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar aspectos centrales del sistema de discapacidad abrió una fuerte polémica en Tucumán, donde quedaron expuestas dos miradas completamente opuestas sobre el futuro de las prestaciones, las pensiones y el rol del Estado. Mientras legisladores provinciales, instituciones terapéuticas y referentes del sector denunciaron que la iniciativa implica un “retiro” de la Nación del sistema y una amenaza al financiamiento de las prestaciones, el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, el tucumano Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), salió con dureza a defender el proyecto oficialista y aseguró que apunta a terminar con “la improvisación, la opacidad y los mecanismos que perjudicaron precisamente a quienes más necesitan del Estado”.

La controversia gira en torno al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, que propone introducir modificaciones en el sistema de discapacidad con especial foco en las pensiones no contributivas, los controles administrativos y el funcionamiento de las prestaciones. Entre otros puntos, la iniciativa establece un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, auditorías periódicas y cambios en las incompatibilidades laborales, ya que plantea que quienes accedan a un empleo formal no puedan seguir percibiendo una pensión por discapacidad.

En Tucumán, las críticas se escucharon durante una charla-debate realizada en la Legislatura provincial y encabezada por el presidente de la Comisión de Salud Pública, el peronista Gabriel Yedlin. Allí participaron representantes de instituciones vinculadas a la discapacidad y prestadores del sistema, quienes advirtieron sobre el impacto que podrían tener las reformas.

“Es una ley que viene básicamente a romper el Sistema Único de Prestaciones, a quitar las responsabilidades que el Estado Nacional tiene sobre las personas con discapacidad. Una vez más, este gobierno nacional viene a responsabilizar exclusivamente a las provincias del cuidado de las personas con discapacidad y su financiamiento”, cuestionó Yedlin.

El legislador provincial también alertó sobre el reempadronamiento obligatorio previsto en el proyecto nacional. “Este proyecto de ley viene además a exigirle a las personas con discapacidad que lleven a cabo un reempadronamiento obligatorio, con lo difícil que resulta hoy poder completar todos los trámites”, sostuvo. Y agregó: “Lo que se enmascara detrás de esas supuestas regulaciones es un retiro no solo del financiamiento, sino del rol rector y organizador del sistema de discapacidad”.

Desde el oficialismo nacional, sin embargo, la respuesta fue inmediata y contundente. Huesen rechazó las acusaciones y aseguró que existe una campaña de desinformación en torno a la reforma. “En materia de discapacidad no puede haber especulación política, consignas vacías ni utilización partidaria de una realidad profundamente sensible”, afirmó el diputado tucumano, quien además cuestionó lo que definió como “un Modelo Fantasma de la Discapacidad, donde el derecho existe en el papel, pero se vuelve invisible en la vida cotidiana cuando faltan datos, controles, ejecución, accesibilidad y respuestas concretas”.

El diputado libertario insistió en que el Gobierno no busca eliminar derechos ni desmantelar el sistema. “En los últimos días se ha intentado instalar que el Gobierno ‘cerró’ la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de quitar derechos, siendo esa afirmación totalmente falsa”, remarcó. Según explicó, lo que se está llevando adelante es “una reorganización institucional” para corregir “desorden administrativo, falta de trazabilidad, expedientes demorados, discrecionalidad y respuestas insuficientes”.

Uno de los puntos más discutidos del proyecto es precisamente el esquema de auditorías y controles sobre las pensiones no contributivas. La iniciativa propone revisar periódicamente las condiciones de acceso y permanencia en el sistema, bajo el argumento de transparentar el funcionamiento del régimen.

En ese sentido, Huesen defendió con firmeza la medida. “Auditar no es atacar a las personas con discapacidad, sino cuidar el sistema, verificando que cada pensión, prestación y recurso llegue a quien corresponde”, sostuvo. Además, indicó que las revisiones excluirían a menores y a personas ya auditadas durante 2024.

Para el diputado, el crecimiento del sistema durante las últimas dos décadas obliga a implementar mayores controles. “Entre 2003 y 2023 las pensiones no contributivas por invalidez pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. Ese crecimiento exige controles serios, cruces de información, auditorías periódicas y reempadronamiento con debido proceso, no para quitar derechos, sino para separar la necesidad genuina del abuso”, argumentó.

Desde el sector de prestadores e instituciones terapéuticas de la provincia, en cambio, advirtieron que los cambios podrían provocar una fuerte fragmentación del sistema y afectar directamente la calidad de las prestaciones.

“El riesgo real es que las prestaciones tengan distinta calidad según el financiador o la jurisdicción de cada persona”, alertó Gustavo Anastasio, quien cuestionó la posibilidad de que cada provincia regule de manera independiente los valores y coberturas.

En la misma línea se expresó Francisco Argüello, referente de un centro de diagnóstico y rehabilitación de Villa Hileret. “El problema central es que, bajo el pretexto de una auditoría de pensiones, se está modificando un artículo de la Ley 24.901, que es la que obliga a todas las obras sociales a financiar y mantener el regulador de prestaciones en discapacidad”, señaló. Y fue más allá: “Esto es una trampa, ya que desarticular los aranceles deja a los prestadores sin fuente de financiamiento”.

Ordenamiento

Desde La Libertad Avanza, no obstante, sostienen que la discusión no puede limitarse a declaraciones de principios sin respaldo económico y operativo. “Toda iniciativa que busque mejorar la vida de las personas con discapacidad será analizada con seriedad y compromiso, pero ninguna ley puede limitarse a una declaración de buenas intenciones. Debe explicar cómo se financia, cómo se implementa, cómo se controla y cómo se sostiene en el tiempo”, planteó Huesen.

El diputado también defendió el criterio de “ordenamiento” del sistema y aseguró que la administración actual recibió una estructura colapsada. “Se recibió un esquema de enorme magnitud, con alrededor de 19.570 expedientes frenados al inicio y un ingreso mensual estimado de entre 4.000 y 4.500 expedientes vinculados a centros de día, transporte y otros prestadores”, afirmó.

En medio de las críticas por un supuesto ajuste, el legislador libertario negó que exista un recorte dirigido contra las personas con discapacidad y reivindicó la política de control del gasto público. “Cuidar los recursos públicos también es cuidar a las personas con discapacidad”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el sistema moviliza “aproximadamente 5,1 billones de pesos anuales”.

Otro de los puntos sensibles del proyecto es la incompatibilidad entre una pensión por discapacidad y el acceso a un empleo formal. La iniciativa establece que quienes ingresen al mercado laboral registrado deberán dejar de percibir el beneficio, una medida que generó cuestionamientos en distintos sectores vinculados a la discapacidad.

En su defensa de la reforma, Huesen intentó correr el eje de la discusión hacia la necesidad de construir un sistema “sustentable”. “Los derechos que no tienen respaldo operativo y presupuestario terminan siendo promesas incumplidas, y las promesas incumplidas también son una forma de maltrato institucional”, afirmó.

Finalmente, el diputado tucumano cerró con una fuerte definición política sobre el debate abierto en torno a la discapacidad. “La discapacidad no puede ser rehén de intereses partidarios ni de estructuras que se resisten a ser controladas”, expresó. Y concluyó: “Vamos a trabajar por un sistema más justo, más moderno, más federal, más transparente y verdaderamente al servicio de quienes lo necesitan”.