PAMI restituye el 100% en medicamentos tras una pulseada judicial iniciada en Tucumán

Después de meses de tensión judicial, el PAMI retrocedió, reformuló su política y restableció -con mejoras- la cobertura total de medicamentos para sus afiliados. La medida, oficializada este viernes, impacta de lleno en millones de jubilados en todo el país y cierra, al menos por ahora, un conflicto que escaló desde lo administrativo hasta el fuero penal.

El nuevo esquema no surgió de manera espontánea. Es el desenlace de una ofensiva judicial impulsada por el diputado nacional Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU, que cuestionaron las restricciones impuestas por el organismo a través de resoluciones internas durante 2024. Aquellas normas -las 2431 y 2537- habían endurecido los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos, incorporando filtros patrimoniales y trámites que, según la demanda, terminaban por excluir a los sectores más vulnerables.

La primera respuesta llegó desde la Justicia Federal. El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza hizo lugar a una acción de amparo colectivo y ordenó al PAMI retrotraer la situación, restableciendo las condiciones previas a diciembre de 2024. Sin embargo, el cumplimiento no fue inmediato. El organismo apeló la decisión y, tras perder en esa instancia, demoró la aplicación efectiva del fallo, lo que tensó aún más el conflicto.

En ese contexto, la causa sumó un capítulo decisivo en Tucumán. La ofensiva judicial se trasladó al ámbito penal, donde REDECU -representada por el abogado Juan Andrés Robles- denunció a las autoridades del instituto por presunta desobediencia judicial. La investigación avanzó con el impulso del fiscal federal subrogante Agustín Chit, quien solicitó la citación a indagatoria del director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y del titular de la UGL Tucumán, Ernesto Iramain.

El punto de inflexión llegó cuando el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, a cargo de José Manuel Díaz Vélez, avaló las medidas procesales y habilitó el avance de la causa penal. Con el riesgo concreto de imputaciones por incumplimiento de deberes de funcionario público, el organismo nacional quedó contra las cuerdas.

Fue entonces cuando el PAMI optó por un giro estratégico: presentó ante la Justicia un “acuerdo de reparación integral” y reformuló su esquema de cobertura. La nueva resolución (RESOL-2026-428) no solo restituye el acceso al 100% de los medicamentos por razones sociales, sino que amplía el vademécum gratuito y elimina parte de las trabas administrativas que habían sido cuestionadas.

Según detallaron fuentes del organismo, la aplicación es inmediata y obligatoria para todas las delegaciones del país, tras la emisión de un memorándum interno dirigido a las Unidades de Gestión Local. En los hechos, implica una ampliación de derechos respecto del sistema previo a las restricciones de 2024.

“Primero cambiaron el sistema sin consultar; después no cumplieron el fallo; apelaron y perdieron. La Justicia puso las cosas en su lugar”, resumió Cisneros, uno de los impulsores de la demanda, al valorar el desenlace.