Molinuevo pidió que la causa que le inició Jaldo pase a la Justicia Federal y defendió su derecho a la libre expresión

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que le ordenó eliminar publicaciones en redes sociales vinculadas al gobernador Osvaldo Jaldo, y planteó que la causa no debería tramitarse en la Justicia provincial sino en el fuero federal, por involucrar garantías constitucionales.

En ese sentido, la parlamentaria opositora expuso que la resolución, dictada por el juez civil Pedro Cagna, constituye una restricción indebida a su derecho constitucional a la libre expresión.

En su presentación, con el patrocinio del abogado Ricardo José Paz, Molinuevo solicitó que se revoque la sentencia en su contra y que se declare la incompetencia del fuero provincial para intervenir en el expediente “Jaldo, Osvaldo Francisco c/ Molinuevo, María Soledad s/ medida autosatisfactiva”.

El origen del conflicto

El conflicto se originó el pasado 13 de marzo, cuando el titular del Poder Ejecutivo provincial requirió el dictado de orden para obtener “el cese inmediato de las publicaciones y manifestaciones agraviantes” contra su personal.

Según la denuncia impulsada por Jaldo, la legisladora opositora le "atribuyó falsamente" al mandatario una responsabilidad directa en el brutal ataque (un cabezazo) que sufrió el diputado provincial de LLA, Federico Pelli, en la localidad de La Madrid. La querella sostuvo que los posteos de Molinuevo imputan a Jaldo "haber instigado o enviado a una persona a cometer una agresión física" y lo responsabilizan de cualquier daño que pudiera sufrir la diputada o su familia.

El juez provincial Cagna hizo lugar a esa demanda y le ordenó a la diputada nacional que elimine de sus redes sociales los comentarios referidos.

El planteo de Molinuevo

En contra de esa resolución, la diputada libertaria sostuvo que “la cuestión debatida involucra de manera directa la interpretación y aplicación de normas de jerarquía constitucional y de tratados internacionales sobre derechos humanos”.

En su escrito, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, Molinuevo advirtió que la resolución judicial implica una forma de “censura previa” incompatible con la Constitución Nacional y con los tratados protegen la libertad de expresión.

La diputada argumentó que sus declaraciones se dieron en el marco de un debate político de interés público, vinculado a la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli durante un recorrido por La Madrid, y que como representante del Congreso tiene el deber de denunciar situaciones que afecten la vida institucional.

“Las expresiones cuestionadas se inscriben en el ámbito del debate político y del control republicano que corresponde ejercer a los representantes del pueblo”, argumentó.

Censura previa

Según su planteo, el fallo cuestionado no solo ordena la eliminación de publicaciones ya realizadas, sino que también le impone abstenerse de emitir afirmaciones similares en el futuro, lo que, según afirma, genera un efecto intimidatorio que condiciona el debate político.

“Al ordenar la supresión de contenido y la abstención de expresión, la justicia local se arroga una potestad de control del discurso político”, sostiene el escrito presentado por la legisladora.

Según argumentó, el planteo del gobernador y la resolución judicial dictada en primera instancia impactan sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre las inmunidades parlamentarias que protegen a los legisladores nacionales.

“El caso involucra garantías federales, entre ellas la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional”, señala el escrito.

En ese marco, Molinuevo pidió que el expediente sea remitido a la Justicia Federal, al considerar que es el ámbito competente para analizar conflictos que involucren directamente derechos constitucionales.

Además, criticó que la controversia haya sido resuelta mediante una medida autosatisfactiva, al considerar que ese tipo de herramientas procesales no resultan adecuadas para discutir derechos constitucionales.

“La vía escogida resulta improcedente para resolver una cuestión que involucra derechos constitucionales de máxima relevancia”, señaló.

La apelación presentada ahora deberá ser analizada por la Cámara correspondiente, que decidirá si mantiene o revoca la medida cuestionada y si es procedente el planteo de incompetencia del fuero provincial.