Jornada judicial en Tucumán: memoria, trabajo y una convocatoria que no pasó desapercibida

A 50 años del golpe de Estado de 1976, el Palacio de Tribunales de San Miguel de Tucumán fue escenario de una jornada que buscó enlazar pasado y presente bajo una consigna clara: pensar el derecho al trabajo desde la memoria histórica. Pero, más allá del contenido académico y político del encuentro, un dato circuló con fuerza en los pasillos judiciales: varios magistrados fueron notificados vía WhatsApp sobre la importancia de su participación, según esos mensajes, por encargo especial del vocal Daniel Posse.

La actividad, titulada “Otros derechos y vulneraciones que tienen continuidad. El derecho al trabajo a 50 años del Golpe de Estado de 1976”, se desarrolló en el Salón Monteagudo y fue impulsada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán como parte de la agenda institucional por el aniversario. Allí, la reflexión giró en torno a la represión al movimiento obrero durante la última dictadura cívico-militar y sus huellas persistentes en el presente.

La exposición principal estuvo a cargo de la historiadora Victoria Basualdo, investigadora del Conicet, quien trazó un recorrido minucioso sobre la persecución sistemática a los trabajadores organizados y planteó interrogantes sobre las continuidades de las vulneraciones en la actualidad. Su intervención funcionó como eje de una discusión más amplia que atravesó tanto lo jurídico como lo político.

El encuentro reunió a buena parte del arco institucional. En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, participó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, mientras que la intendenta Rossana Chahla también dijo presente. Por el Poder Judicial, asistieron el presidente de la Corte, Daniel Leiva, junto a los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. La jornada contó además con la participación de Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, y de funcionarios provinciales como Mario Racedo y Daniel García.

Con una convocatoria amplia que incluyó a funcionarios, legisladores y público interesado, el evento se propuso como un espacio de análisis colectivo sobre las deudas pendientes en materia de derechos laborales. La premisa: vincular memoria, verdad y justicia con las tensiones actuales del mundo del trabajo.

La jornada se inscribió en una estrategia más amplia del Gobierno provincial para reforzar la agenda de derechos humanos y consolidar valores democráticos. En ese marco, desde la administración de Jaldo destacaron la importancia de sostener estos espacios como herramientas clave para pensar una sociedad más justa.

El vocal Posse, expresó: “Este no es, con orgullo debo decirlo, un hecho aislado sino que, son varios los datos que me autorizan a decir que hay en los diversos poderes y niveles institucionales una preocupación por recuperar la memoria, la verdad y la justicia, como una instancia esencial de la consolidación de nuestra democracia. De hecho, celebro que hace unos días se haya creado el ‘Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán’, espacio que funcionará en un sitio que ayer fue un centro clandestino de detención, la ex brigada de Investigaciones. Y también me reconforta que esta Corte me haya concedido el honor de representar al Poder Judicial en la Comisión para la Preservación de la Memoria de los hechos del terrorismo de Estado, un espacio interinstitucional generado en su seno y que tendrá por objetivos crear y difundir instrumentos pedagógicos que refuercen la lucha contra la impunidad, la plena vigencia de los derechos humanos en los planos normativo, ético, político e institucional; y fomentar el estudio, investigación y divulgación de las graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales y fortalecer la conciencia democrática de la comunidad”.