Llevan a la Justicia la disputa por la reelección en la UNT y piden definir si Pagani puede volver a competir

La disputa por la sucesión en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un nuevo capítulo judicial. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Miguel Cabrera, y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Virginia Abdala, presentaron una acción declarativa de certeza ante la Justicia federal para que se determine si el actual rector, Sergio Pagani, está habilitado o no para competir por un nuevo mandato en las elecciones previstas para este año.

La demanda de los candidatos por el espacio Universitas, radicada en el Juzgado Federal N° 2, solicita que la Justicia establezca la interpretación correcta del nuevo estatuto universitario aprobado por la Asamblea Universitaria en 2024.

En concreto, los demandantes pidieron que se declare que los artículos 17 y 190 del estatuto impiden que Pagani se postule para un tercer mandato consecutivo en el Rectorado y que, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de cualquier eventual inscripción de su candidatura para las elecciones de este año.

La presentación judicial se produce en medio de una creciente polémica dentro de la comunidad universitaria por los alcances del nuevo estatuto y por la posibilidad de que Pagani busque continuar al frente de la casa de estudios.

El rector había señalado recientemente que, a su entender, la reforma estatutaria habilita un nuevo mandato para quienes actualmente ejercen cargos. “Yo entiendo que el estatuto me habilita”, afirmó en declaraciones públicas, aunque evitó confirmar si será candidato.

Esa interpretación es rechazada por el sector que impulsa la candidatura de Cabrera y Abdala, quienes sostienen que el nuevo estatuto fijó un límite de dos mandatos consecutivos para los cargos ejecutivos de la universidad.

En la demanda se recuerda que el propio debate en la Asamblea Universitaria que aprobó la reforma incluyó la discusión sobre este punto. Allí se impuso la postura que establecía que quienes ya estuvieran cumpliendo un segundo mandato no podrían presentarse nuevamente en 2026.

De hecho, esa posición fue impulsada por el propio Cabrera durante la deliberación de la Asamblea. Según consta en el acta, el decano planteó que “todos los que hayan cumplido dos mandatos no pueden tener un mandato más”, propuesta que finalmente se impuso por 79 votos contra 34.

Argumentos de la acción judicial

En la presentación se sostiene que la eventual candidatura de Pagani generaría una “incertidumbre jurídica” que afecta directamente el proceso electoral universitario y la igualdad de condiciones entre los competidores.

Los demandantes argumentan que, al haberse lanzado públicamente como candidatos a rector y vicerrectora para las elecciones de este año, tienen un interés concreto en que la contienda se desarrolle con reglas claras y previamente definidas.

También advierten que permitir una nueva postulación del actual rector implicaría desconocer el límite temporal establecido por el estatuto y la decisión de la Asamblea Universitaria, lo que -según plantean- afectaría la legalidad del proceso electoral.

En ese sentido, la demanda sostiene que habilitar un tercer mandato consecutivo “importa una vulneración directa a la autonomía universitaria”, ya que implicaría desconocer una regla que la propia universidad estableció mediante su reforma estatutaria.

La controversia se produce en el inicio del proceso de renovación de autoridades en la UNT. El cronograma electoral prevé que la presentación y oficialización de listas para rector y vicerrector se realizará hasta el 29 de abril, mientras que la elección está programada para el 20 de mayo.

Cabrera y Abdala ya lanzaron públicamente su candidatura a fines de 2025 y ratificaron su postulación durante este año en diferentes entrevistas y actividades políticas dentro de la universidad.

En ese contexto, la acción declarativa busca que la Justicia federal intervenga antes del cierre de listas para despejar la discusión jurídica sobre los alcances del estatuto y evitar que el conflicto termine trasladándose al proceso electoral. Así, la disputa por la interpretación de la reforma estatutaria amenaza con convertirse en uno de los ejes centrales de la elección que definirá el futuro gobierno de la principal universidad pública de la provincia.