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DENUNCIA FEDERAL

Lilia Lemoine presentó un proyecto para pedir el desafuero del diputado tucumano Carlos Cisneros

La diputada libertaria solicita que la Cámara Baja evalúe posibles sanciones y el desafuero del legislador de Unión por la Patria, luego de que la Justicia federal notificara al cuerpo sobre una investigación en su contra en una causa por presunta trata de personas, en una derivación del caso Vélez.

PorTendencia de noticias
12 mar, 2026 09:59 a. m. Actualizado: 12 mar, 2026 09:59 a. m. AR
Lilia Lemoine presentó un proyecto para pedir el desafuero del diputado tucumano Carlos Cisneros

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar el tratamiento urgente de un eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Cisneros (Unión por la Patria), quien se encuentra bajo investigación judicial por la presunta comisión del delito de trata de personas.



La iniciativa plantea que “la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina solicite a la Comisión de Asuntos Constitucionales la urgente consideración de posibles sanciones disciplinarias y/o el desafuero del legislador, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”.



“Esto surge de la causa de los exjugadores de Vélez falsamente acusados de violación. Les pedimos a todos los diputados que no obstruyan el funcionamiento de la Justicia”, publicó Lemoine en su cuenta de X, junto con una imagen del proyecto presentado.


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En el texto, la legisladora propone que el cuerpo analice la situación institucional de Cisneros a partir de los delitos que le son imputados en el expediente judicial que tramita en la justicia federal.



La causa judicial


La investigación está a cargo del juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, quien notificó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, sobre la existencia de una denuncia que involucra al diputado.


En un oficio enviado el 25 de febrero al Congreso, el magistrado informó sobre la tramitación del expediente 23/2026, iniciado a partir de una denuncia presentada por el futbolista José Florentín. En su presentación, el jugador acusó al dirigente sindical bancario de integrar una estructura destinada a falsificar pruebas y “armar una causa” en su contra, en el marco del expediente por abuso sexual grupal que involucra a exjugadores de Club Atlético Vélez Sarsfield.



Según se consigna en el documento judicial, la fiscalía federal interviniente considera que existe, en esta etapa procesal, “una hipótesis razonable” de la posible comisión del delito de trata de personas, tipificado en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal.



La hipótesis del fiscal


En su requerimiento, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sostuvo que el eventual delito investigado no estaría vinculado al encuentro sexual en sí mismo, sino a hechos posteriores.



De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la denunciante habría sido objeto de presiones y condicionamientos por parte de personas con capacidad de influencia sobre su situación laboral. El documento sostiene que el proceso de captación no se habría producido antes del encuentro sexual, sino posteriormente, cuando la víctima habría quedado en una situación de “especial fragilidad emocional, laboral y personal”.



A partir de ese momento —según la línea investigativa— se habría desplegado un esquema de intimidación, coerción y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, circunstancias que podrían encuadrar dentro del delito de trata de personas.



Como parte de las medidas solicitadas, la fiscalía pidió informes a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán para determinar si determinadas personas mencionadas en el expediente prestaron servicios en ese organismo y cuáles eran sus funciones. También requirió incorporar declaraciones previas de la denunciante ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial, con el objetivo de evitar su revictimización.



En ese contexto, Vehils Ruiz solicitó la citación a indagatoria del diputado Cisneros y de la abogada Patricia Neme.



El descargo de Cisneros


Tras conocerse la comunicación judicial al Congreso, Cisneros cuestionó al presidente de la Cámara baja por la difusión del tema y negó que exista un pedido de desafuero en su contra.



“Hay mala fe del presidente de la Cámara y de algunos portales que reciben plata del Gobierno de la provincia. Cuando tenga que ir a declarar me presentaré”, sostuvo el diputado en declaraciones a Tendencia de Noticias.



El legislador también calificó como “una vergüenza” la difusión de la información y aseguró que se presentará ante la Justicia cuando sea citado para declarar.

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