
Ante el crítico escenario que atraviesan diversos puntos de la provincia por las tormentas recientes, el legislador Claudio Viña (foto inferior) presentó un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a arbitrar de manera inmediata todos los recursos físicos disponibles para proteger a los damnificados. La iniciativa central busca que el Estado tucumano disponga de espacios para la contención de quienes perdieron sus pertenencias, pero al mismo tiempo lanza una dura crítica a la gestión pública por la falta de previsión. El parlamentario sostiene que las consecuencias que hoy padecen muchas comunidades no pueden atribuirse exclusivamente al factor meteorológico, sino que existe una responsabilidad política derivada de la “histórica falta de obras de infraestructura adecuadas” y la “insuficiente ejecución de tareas de mantenimiento de caminos y desagües” que impiden mitigar el impacto de las aguas.
El texto normativo es contundente al solicitar que la Legislatura resuelva: “Instar al Poder Ejecutivo Provincial a disponer y/o habilitar espacios públicos y privados destinados a la contención, asistencia y cuidado de las familias evacuadas como consecuencia de las inundaciones ocurridas en el territorio de la Provincia de Tucumán”. Según los fundamentos del proyecto, frente a este escenario de emergencia, el Estado posee el “deber indelegable de adoptar medidas urgentes y eficaces destinadas a proteger a la población”, por lo que resulta imprescindible que se utilicen todos los recursos al alcance para asistir a los vecinos en situación de vulnerabilidad.

En su argumentación, Viña remarca que el daño se profundiza por la “ausencia de obras de contención y encauzamiento de cursos de agua, así como también por la falta de mantenimiento y condiciones edilicias apropiadas en distintos establecimientos públicos”, incluyendo las instituciones educativas que suelen servir de resguardo. Por este motivo, el parlamentario opositor considera imperativo que los inmuebles estatales se encuentren debidamente acondicionados y que, de ser necesario, se logre “articularse con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil para ampliar la disponibilidad de espacios que permitan garantizar refugio, abrigo y condiciones mínimas de dignidad a las personas damnificadas”.
La propuesta pone especial énfasis en el impacto emocional y social de la catástrofe, señalando que “detrás de cada vivienda afectada por el agua, hay familias que atraviesan momentos de profunda angustia e incertidumbre, muchas veces perdiendo temporalmente aquello que con esfuerzo construyeron a lo largo de los años”. En este contexto, Viña resalta que la presencia estatal debe manifestarse desde una “dimensión humana y solidaria que permita acompañar a quienes hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Finalmente, el proyecto advierte sobre la urgencia de actuar con celeridad, dado que los pronósticos meteorológicos sugieren que las lluvias intensas podrían persistir. Ante esta amenaza, la iniciativa concluye que es obligatorio “adoptar medidas preventivas que permitan anticipar una respuesta organizada y eficiente frente a eventuales nuevos episodios”, evitando que la falta de previsión continúe castigando a las familias tucumanas.