La Provincia destinará más de $900 millones por mes para alimentar a presos y fuerzas de seguridad

El Gobierno de Tucumán autorizó un gasto cercano a $912 millones mensuales para la provisión de comida destinada a personas privadas de libertad y al personal de seguridad en distintas dependencias del sistema penitenciario y policial de la provincia.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 538/7 (SES), firmado el 17 de marzo por el gobernador Osvaldo Jaldo y publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual se habilita a la Dirección General de Institutos Penales a contratar en forma directa con el Departamento de Producción de Institutos Penales la provisión de hasta 180.000 raciones de comida por mes (a razón de 6.000 viandas diarias) durante el período comprendido entre marzo de 2026 y febrero de 2027.

Según el texto oficial, el servicio alimentario está destinado no sólo a los internos de las unidades penitenciarias, sino también al personal de seguridad y defensa de esas dependencias y a las personas privadas de libertad alojadas en distintos organismos, entre ellos el Centro de Menores, Brigada Femenina, Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Policía Federal, alcaldías de tribunales y comisarías de toda la provincia.

El documento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, también menciona que el esquema de provisión de alimentos responde a la necesidad de cumplir con una sentencia de hábeas corpus correctivo dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2015, vinculada a las condiciones de detención en la provincia.

Un costo atado a la Canasta Básica

El decreto establece un mecanismo particular para calcular el precio de cada ración. El valor diario se determinará dividiendo por 30 el monto de la Canasta Básica Total que publica mensualmente la Dirección de Estadística de la Provincia.

De esta forma, el costo de las comidas variará mes a mes, en función de la evolución del indicador que mide el costo de vida para una familia tipo en Tucumán.

Para el inicio del contrato, el gasto estimado ronda los $912.852.000 por mes, aunque ese monto podría modificarse si el valor de la Canasta Básica se incrementa durante el período de vigencia del convenio.

La contratación se realizará sin licitación pública, mediante el mecanismo de contratación directa entre organismos estatales, una modalidad prevista como excepción en la Ley de Administración Financiera de la provincia.

En los fundamentos del decreto se señala que esta modalidad se encuadra en el artículo 59 inciso 8 de la Ley N° 6.970, que habilita este tipo de acuerdos “entre reparticiones oficiales o mixtas, nacionales, provinciales o municipales”.

El decreto dispone que el gasto se imputará al presupuesto 2026 de la Dirección General de Institutos Penales, bajo la partida destinada a servicios gastronómicos, mientras que el organismo deberá realizar las previsiones presupuestarias correspondientes para cubrir los primeros meses de 2027.

Además, la norma ordena implementar controles sobre la cantidad de raciones efectivamente provistas y consumidas, y establece que el Estado provincial pagará únicamente por las comidas efectivamente entregadas.

Cuántos presos hay

Según el último informe difundido por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, para finales de 2024 y principios de 2025, la provincia de Tucumán registró un incremento significativo en su población carcelaria, superando las 5,000 personas privadas de su libertad al sumar tanto el sistema penitenciario como las dependencias policiales.

El organismo señaló que, a marzo de 2025, se reportaron 1,664 personas alojadas en 60 establecimientos policiales.

Por otro lado, señala que Tucumán ha sido una de las provincias con mayor crecimiento en el país (17.9% anual en 2024). En ese contexto, el sistema carcelario formal sumó capacidad recientemente con la inauguración del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, que ahora cuenta con 1.600 plazas para condenados, de acuerdo con información oficial.

El Comité indicó que un dato distintivo de la provincia es que el 96.5% de los detenidos ya tiene condena firme, una de las tasas de prisión preventiva más bajas de Argentina.

Según el mismo informe, los delitos contra las personas predominan con el 51% de los casos, seguidos por delitos contra la propiedad (29.7%) e integridad sexual (11%).