La oposición se unió en la Legislatura para pedir la intervención de la Municipalidad de Graneros

El legislador José Macome, acompañado de nueve legisladores opositores, presentó formalmente un proyecto de ley para intervenir la Municipalidad de Graneros. El texto propone la designación de un comisionado interventor encargado de restablecer el orden, garantizar transparencia y ejecutar una auditoría integral en la institución.

La medida fue presentada luego del escándalo desatado en la ciudad tucumana. El clima de tensión escaló luego de la accidentada visita del diputado nacional Gerardo Huesen. Según relatan los fundamentos de la iniciativa, la comitiva del parlamentario nacional fue blanco de episodios de violencia política que incluyeron bloqueos de vehículos, amenazas y agresiones físicas. La situación obligó a los dirigentes a refugiarse dentro de la comisaría local para resguardar su integridad.

Fue este episodio el que motivó a Macome a redactar el proyecto de ley que cosechó adhesiones de distintos espacios políticos en la Legislatura. El documento ingresado a la cámara lleva las firmas de los legisladores Eduardo Verón Guerra, Ricardo Bussi, Walter Berarducci, Agustín Romano Norri, Raquel Nievas, Manuel Courel, Claudio Viña, José Cano y José Seleme.

El texto del proyecto es contundente respecto al accionar institucional que se le exige al Poder Ejecutivo provincial. En su primer artículo, el documento dispone la intervención absoluta, abarcando tanto al Departamento Ejecutivo Municipal como al Concejo Deliberante de Graneros. Para llevar a cabo esta tarea, se faculta a la Casa de Gobierno a designar la figura de un comisionado interventor, quien deberá asumir el control total de la administración comunal.

La normativa le asigna a este interventor un listado de objetivos. En primer lugar, deberá reorganizar la administración pública y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales. En segundo término, tendrá la misión de restablecer el orden institucional, la paz social y las garantías constitucionales en el territorio; garantizando la transparencia correspondiente.

El proyecto también establece que el interventor deberá efectuar una auditoría integral sobre la administración saliente, que abarque aspectos contables, financieros, administrativos y patrimoniales. “Los antecedentes e irregularidades detectados deberán ser remitidos inmediatamente a la Justicia Penal competente”, precisa.

Por último, la iniciativa estipula que el interventor deberá convocar a elecciones para renovar las autoridades del municipio, asegurando la equidad y transparencia del proceso democrático. Aun así, el proyecto debe ser analizado y debatido por la Legislatura provincial.