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El legislador provincial José Macome, de La Libertad Avanza (LLA), anunció que este lunes presentará formalmente en la Legislatura un proyecto para solicitar la intervención del Municipio de Graneros, luego de los incidentes ocurridos durante una recorrida del diputado nacional Gerardo Huesen, quien denunció haber sido agredido y amenazado de muerte junto a integrantes de su comitiva.
La iniciativa llevará al ámbito legislativo la fuerte disputa política desatada después de los hechos registrados el sábado en la localidad gobernada por la intendenta peronista Raquel Graneros.
Macome anticipó la presentación a través de su cuenta en X y precisó cuál será el fundamento constitucional de su planteo. “Bajo los términos del artículo 67 inc. 25 de la Constitución Provincial, mañana a primera hora desde la Legislatura voy a pedir la intervención del municipio de Graneros”, anunció el parlamentario libertario este domingo.
El artículo invocado por Macome se encuentra dentro de las atribuciones conferidas al Poder Legislativo provincial y establece, en su inciso 25, que corresponde a la Legislatura “dictar la ley que disponga la intervención de un municipio o comuna rural”.
La Constitución tucumana establece, además, en su artículo 139, las circunstancias en las cuales puede adoptarse una medida de esa naturaleza. Allí se dispone que los municipios podrán ser intervenidos mediante una ley cuando exista acefalía total o un grave desorden institucional que ponga en riesgo la forma republicana de gobierno. La norma establece que la intervención debe procurar hacer cesar las causas que la originaron y restablecer el orden institucional y político, y fija un plazo máximo de 180 días.
De esta manera, la presentación anunciada por Macome abrirá una discusión en la Legislatura sobre si los hechos denunciados en Graneros configuran los presupuestos constitucionales necesarios para avanzar con una intervención.

Catalán respaldó el pedido y apuntó a Jaldo
El anuncio de Macome fue rápidamente respaldado por el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, quien reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo que aplique frente a la situación de Graneros el mismo criterio institucional que utilizó cuando decidió intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi.
“Bien, José. Espero que el gobernador Osvaldo Jaldo actúe con el mismo ímpetu que cuando ocurrió lo del municipio de Alberdi. Siempre hay que respetar las instituciones. Lo ocurrido ayer en Graneros es de una gravedad institucional tremenda y requiere una respuesta concreta de las autoridades”, sostuvo Catalán.
La referencia apunta a la decisión que adoptó Jaldo el 9 de junio de 2025, cuando mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia dispuso la intervención tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi y desplazó de la intendencia a Luis “Pato” Campos. Como interventor fue designado Guillermo Norry. La medida fue posteriormente ratificada por unanimidad por la Legislatura provincial.
En aquella oportunidad, el Gobierno fundamentó la intervención en el artículo 139 de la Constitución provincial y sostuvo que se había configurado una situación de gravedad institucional a partir de una sucesión de problemas en el municipio y de investigaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos vinculados al narcotráfico, en las que aparecían mencionados funcionarios o personas relacionadas con autoridades municipales.
En este caso, el presidente de LLA Tucumán consideró que los incidentes denunciados por Huesen ameritan una reacción institucional. “Lo ocurrido ayer en Graneros es de una gravedad institucional tremenda y requiere una respuesta concreta de las autoridades”, argumentó Catalán.
“No podemos naturalizar la violencia”
También se pronunció el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud, quien expresó su solidaridad con Huesen, su familia y los integrantes de su equipo y reclamó explicaciones por lo sucedido. “Lo ocurrido en Graneros es gravísimo. Según la denuncia realizada por Gerardo, fueron agredidos y amenazados de muerte por personas vinculadas a la intendenta Raquel Graneros”, manifestó.
Apud dirigió sus cuestionamientos al gobernador Jaldo y sostuvo: “No podemos naturalizar que recorrer una ciudad, hablar con vecinos y llevar una propuesta política termine en golpes, amenazas o aprietes”.
El concejal vinculó políticamente lo sucedido con Huesen con otro episodio denunciado meses atrás por dirigentes de LLA durante una recorrida de Federico Pelli en La Madrid. “Primero Pelli, ahora Huesen. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la violencia sea utilizada para intentar frenar a quienes quieren cambiar esta provincia?”, planteó.
“Jaldo tiene una responsabilidad política ineludible y Raquel Graneros debe dar explicaciones por las denuncias que involucran a personas de su entorno”, agregó.
Huesen denunció amenazas de muerte
El anuncio de Macome se produjo un día después de los incidentes que tuvieron como protagonista a Huesen durante una visita política a Graneros.
Según afirmó el diputado nacional, se encontraba recorriendo la localidad y manteniendo contacto con vecinos cuando un grupo de personas interceptó a su comitiva. Huesen denunció posteriormente ante la Policía que bloquearon los vehículos, profirieron insultos y amenazas y agredieron a dos de sus acompañantes. La denuncia policial fue realizada el sábado por la noche en la Comisaría de Graneros.
Ante la escalada de tensión, Huesen y sus colaboradores se trasladaron hasta esa dependencia policial. Según la versión del parlamentario, posteriormente otro grupo se concentró en el lugar e impedía que pudieran retirarse.
En diálogo con Tendencia de Noticias, Huesen contó cómo logró finalmente abandonar la localidad. “Me tuve que atrincherar en la comisaría para evitar ser agredido, hasta que llegó la Policía Federal para controlar la situación. Nos tuvieron que trasladar en camionetas de la Federal hasta la ciudad de Aguilares, de donde pudimos por fin volver a la ciudad”, afirmó.
Posteriormente, el diputado apuntó directamente contra personas que vinculó con la administración municipal. “Funcionarios y empleados de Raquel Graneros nos agredieron y amenazaron de muerte”, denunció.
Desde la Municipalidad de Graneros, sin embargo, negaron que las personas involucradas fueran empleados de la administración local.

Graneros, bajo creciente tensión política
La disputa se produce además mientras la intendenta Raquel Graneros enfrenta una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito presentada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el abogado y dirigente Luis Díaz Augier.
La presentación busca determinar el origen de los fondos presuntamente utilizados para adquirir una propiedad ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada en alrededor de US$ 1,2 millones. La defensa de Graneros rechazó las acusaciones y sostuvo que el inmueble no pertenece a la intendenta.
El municipio también había quedado meses atrás en el centro de otra controversia después de que diez vecinas afectadas por inundaciones, que reclamaban obras y asistencia, fueran imputadas por presuntas amenazas a partir de una denuncia promovida por la intendenta y su entorno familiar.
Ahora, el anuncio de Macome incorpora una nueva dimensión política e institucional al conflicto y la discusión llegará este lunes a la Legislatura, donde el representante de LLA buscará que el cuerpo analice si la situación existente en Graneros reúne las condiciones previstas por la Constitución provincial para disponer mediante una ley la intervención del municipio peronista.