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El oficialismo presentó un nuevo proyecto de discapacidad, consensuado con legisladores aliados para garantizar la continuidad de las prestaciones, la actualización mensual de las pensiones no contributivas y la preservación del arancel unificado.
La iniciativa busca superar el conflicto generado por los recortes iniciales incluidos en el Presupuesto 2027. La propuesta anterior había generado tensiones con sectores dialoguistas y con la propia jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
El proyecto, impulsado luego de reuniones encabezadas por Martín Menem, incorpora estrictos mecanismos de control a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad para realizar “auditorías periódicas” mediante cruces de datos que verifiquen los requisitos socioeconómicos de los beneficiarios.
El texto establece que la pensión será compatible con el empleo registrado hasta un límite de dos salarios mínimos, incorporando beneficios impositivos para fomentar la contratación laboral formal y garantizando que las partidas presupuestarias no sean inferiores al ejercicio anterior.
Los bloques aliados respaldaron la propuesta por otorgar “sostenibilidad fiscal” al sistema, desde la oposición cuestionaron la efectividad de los recursos asignados, advirtiendo que el Gobierno deberá asegurar el financiamiento real para el cumplimiento de todas las prestaciones vigentes.