La Justicia activa la causa por el calendario electoral y la Provincia deberá responder en cuatro días

La discusión sobre la fecha de las elecciones provinciales de 2027 comienza a tomar vuelo en los tribunales. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio curso a la acción de amparo promovida por el partido Juntos Podemos y ordenó correr traslado a la Provincia de Tucumán, que deberá presentar un informe circunstanciado y contestar la demanda en un plazo de cuatro días una vez notificada.

La resolución, firmada por el camarista Juan Ricardo Acosta, constituye el primer avance procesal de una causa que podría volver a modificar el cronograma electoral tucumano, tal como ocurrió en los procesos previos a las elecciones de 2019 y 2023.

Antes de habilitar plenamente el trámite, el tribunal requirió a la abogada María Soledad Molina Gaudioso que complete la acreditación de la representación invocada en nombre de Juntos Podemos, un acople oficialista liderado por la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla. Cumplido ese requisito, la Provincia deberá responder a un planteo que apunta directamente contra los artículos 43 inciso 6° y 100 de la Constitución provincial, las cláusulas que establecen que las elecciones deben realizarse dos meses antes de la finalización de los mandatos.

La presentación sostiene que esas disposiciones generan una superposición con el calendario nacional y afectan los derechos políticos de partidos y electores. Además, argumenta que la Convención Constituyente de 2006 habría excedido las facultades otorgadas por la ley que habilitó la reforma constitucional al incorporar esas previsiones sobre los plazos electorales.

La demanda también invoca expresamente los antecedentes judiciales que marcaron la organización de los últimos procesos electorales. Entre ellos figura el fallo obtenido por el Frente Renovador Auténtico en 2018, cuando la propia Sala I declaró la inconstitucionalidad del artículo 43 inciso 6° y luego extendió sus efectos al artículo 100 de la Constitución provincial. En aquella oportunidad, el tribunal consideró que la regla de los dos meses generaba una rigidez irrazonable al conducir a una fecha única y determinada para la realización de los comicios.

Ese antecedente fue retomado nuevamente en 2022, cuando el Partido Justicialista impulsó una acción similar para despejar el camino hacia las elecciones de 2023. En esa causa, la propia Provincia sostuvo que las normas cuestionadas ya no integraban el ordenamiento jurídico vigente debido a las decisiones adoptadas en el expediente de 2018.

Aunque la demanda no menciona una fecha específica para los próximos comicios, el objetivo es remover nuevamente los límites constitucionales que obligarían a realizarlos en agosto, abriendo la puerta a una convocatoria anticipada y separada de la elección nacional. Ayer, en una reunión con legisladores y funcionarios en El Cadillal, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que la intención es que se vote en mayo (se habla del domingo 16 de ese mes).

Con el expediente ya en marcha, la atención se traslada ahora a la respuesta de la Fiscalía de Estado. Su posición será clave para determinar si el proceso reproduce el recorrido judicial de los años anteriores o si, esta vez, la Provincia decide defender la vigencia de las cláusulas constitucionales cuestionadas.