PACTO PRESUPUESTARIO
El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo económico
Tras casi tres años de conflicto, la administración central y los rectores consensuaron aumentos salariales, fondos para hospitales y la actualización de los gastos de funcionamiento.
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El Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de las universidades públicas del país alcanzaron un entendimiento económico formal que destraba el conflicto presupuestario sostenido durante casi tres años. El acuerdo establece una pauta de incremento salarial para el personal de las casas de estudio, el refuerzo de las partidas destinadas a los hospitales universitarios, la actualización de los gastos operativos de funcionamiento y una mejora en los programas de becas estratégicas.
Puntos clave del acuerdo alcanzado
Incremento salarial: Se fijó una suba total del 24% para los trabajadores del sector, desglosada en un 21,33% aplicable a los haberes de junio y un 3% adicional para el mes de octubre.
Gastos de funcionamiento: Se pautó una actualización directa del 20% en las partidas destinadas a los costos operativos diarios de las instituciones.
Hospitales universitarios: El Ministerio de Economía autorizó una partida complementaria de $50.000 millones fuera del presupuesto 2026, la cual se añade a los $80.000 millones que ya se encontraban previstos legalmente para estos centros de salud.
Becas estudiantiles: Se determinó una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano —orientadas a carreras estratégicas y congeladas en $81.685 desde 2024—. Por el contrario, las Becas Progresar no sufrieron modificaciones en esta instancia.
Garantía de continuidad: Se dispuso el desembolso de una partida de $800.000 millones controlada por la cartera de Hacienda y el compromiso oficial de convocar a paritarias sectoriales cada tres meses durante el resto del año.
La ratificación del documento se concretó en una mesa de negociación dirigida por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Por la contraparte, firmaron las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), representadas por los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro), junto con los delegados de los gremios docentes y no docentes.
El procedimiento formal constó de dos etapas sucesivas: en primer lugar, se rubricó el acta general entre el Ejecutivo y el CIN vinculada a los presupuestos operativos y hospitalarios; posteriormente, se iniciaron las comisiones paritarias con las asociaciones sindicales para validar las planillas con las nuevas escalas de sueldos.
Las conversaciones bilaterales se reactivaron hace dos semanas ante la ausencia de plazos perentorios para un dictamen definitivo de la Corte Suprema de Justicia. El entendimiento logró destrabarse luego de que se superara el requerimiento inicial del Gobierno, que solicitaba al CIN retirar las acciones judiciales en curso como condición previa para el financiamiento.
El proceso previo a la resolución económica estuvo marcado por un escenario de protestas que incluyó cuatro marchas federales de carácter masivo, tomas de establecimientos educativos, jornadas de huelga docente y el dictado de clases públicas frente a la Corte Suprema y la vocería presidencial.
Los directores de los centros médicos universitarios habían advertido formalmente sobre el riesgo de cese de operaciones por falta de insumos tras el reclamo presupuestario de un año atrás. Asimismo, las estadísticas oficiales del CIN consignan la dimisión de 10.000 docentes en el sistema nacional producto de la pérdida del 33% del poder adquisitivo real de los salarios.
