La Corte llevó al interior las capacitaciones sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

El programa "Jueces en la escuela", impulsado conjuntamente por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el Ministerio de Educación de la Provincia, llegó por primera vez al interior tucumano. Esta vez, la ciudad de Monteros fue escenario de una jornada de capacitación destinada a docentes y autoridades educativas, con especial atención a las nuevas responsabilidades legales que establece el Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La actividad se desarrolló en la Escuela Superior de Comercio "General José de San Martín" y estuvo encabezada por el presidente del máximo tribunal provincial, Daniel Leiva, y la vocal Eleonora Rodríguez Campos, quienes destacaron la importancia de acercar la Justicia a las comunidades educativas y promover el conocimiento de los derechos y obligaciones de los adolescentes, informó el Poder Judicial.

Se trató del tercer encuentro del programa y del primero realizado fuera de San Miguel de Tucumán. La iniciativa había comenzado el 23 de septiembre en la Escuela de Comercio N° 1 de la capital, mientras que la segunda jornada tuvo lugar el 8 de octubre en el Colegio Sagrado Corazón, también de la capital provincial.

La llegada a Monteros representó así un nuevo paso en el propósito de extender la iniciativa hacia distintos puntos de la provincia, para facilitar el acceso de las comunidades educativas del interior a las capacitaciones brindadas por magistrados y funcionarios judiciales.

Durante la apertura, Rodríguez Campos explicó que el programa surgió de la Coordinación de Acceso a Justicia de la Corte, un área destinada a diseñar políticas públicas que permitan acercar el servicio judicial a la población y superar las barreras geográficas o de otra naturaleza que dificultan el ejercicio de los derechos.

La magistrada vinculó la importancia de estas jornadas con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, al señalar que la legislación introduce cambios significativos en la situación legal de los adolescentes que cursan sus estudios secundarios.

En ese contexto, consideró fundamental que el Estado, los docentes y las familias trabajen conjuntamente para informar y concientizar a los jóvenes sobre los alcances de la normativa y las consecuencias que pueden derivarse de determinadas conductas.

Rodríguez Campos precisó que el encuentro realizado en Monteros marcó el cierre de la primera etapa del programa, orientada a supervisores, directivos, asesores pedagógicos y docentes, con el objetivo de proporcionar herramientas jurídicas y pedagógicas para afrontar los desafíos que plantea el nuevo escenario legal.

Sin embargo, aclaró que la iniciativa tendrá continuidad mediante nuevas instancias de formación destinadas directamente a estudiantes y sus familias, en las que se abordarán otras problemáticas relacionadas con la convivencia escolar y el funcionamiento de la Justicia.

Leiva destacó la necesidad de acompañar los cambios sociales

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, valoró la realización del encuentro en Monteros y destacó la importancia institucional de generar canales de comunicación directa entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Al referirse al nuevo Régimen Penal Juvenil, advirtió que no se trata solamente de la sanción de una ley, sino de una modificación profunda en las pautas de convivencia y en las responsabilidades legales que involucran tanto a los adolescentes como a sus padres.

En esa línea, instó a las autoridades educativas a contribuir a que los jóvenes comprendan las consecuencias de las conductas que pueden constituir delitos y remarcó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas frente a problemáticas como la violencia y las adicciones.

El titular del máximo tribunal provincial también consideró fundamental mantener un diálogo permanente dentro de las aulas, con el propósito de acompañar la formación de los estudiantes y promover mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos.

Capacitación sobre responsabilidad penal y convivencia escolar

La jornada contó con la participación de la ministra de Educación, Susana Montaldo; la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; y el intendente de Monteros, Francisco Serra (h).

En esta oportunidad, los magistrados Federico Moeykens y Elizabeth Raddi, especializados en cuestiones penales vinculadas con niños, niñas y adolescentes e integrantes del Colegio de Jueces y Juezas Penales de la Capital, estuvieron a cargo de la exposición "Régimen penal juvenil y Justicia restaurativa".

También disertó el licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación Pablo Plaza, quien desarrolló la charla "¿Alcanza con sancionar para aprender a convivir? Responsabilidad adolescente, protección integral y construcción de convivencia en la escuela".

El programa se desarrolla en el marco de un convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación, aprobado mediante la Acordada N° 841/25, y busca establecer un vínculo permanente entre el sistema judicial y las instituciones educativas.

La propuesta apunta a que los adolescentes conozcan sus derechos y obligaciones, comprendan el funcionamiento de la Justicia y puedan identificar los mecanismos disponibles para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

Con la jornada de Monteros concluyó la primera etapa de capacitación para autoridades educativas, mientras que las próximas actividades estarán orientadas a ampliar la participación de estudiantes y familias.