La Bancaria salió a respaldar a Carlos Cisneros tras el pedido para analizar su desafuero

La Asociación Bancaria Seccional Tucumán expresó públicamente su respaldo institucional, político y gremial al diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria), en medio del escenario judicial que lo tiene bajo investigación en una causa federal y de la ofensiva política impulsada por La Libertad Avanza en el Congreso para analizar su eventual desafuero.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el gremio sostuvo que el dirigente sindical y legislador “no está solo” y denunció que los cuestionamientos en su contra buscan desacreditar su trayectoria y su compromiso con los trabajadores.

“La Asociación Bancaria Seccional Tucumán expresa su respaldo institucional, político y gremial al compañero Carlos Aníbal Cisneros ante los permanentes ataques que intentan desacreditar su trayectoria y su compromiso público”, señala el documento.

En el texto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el sindicato afirma que las críticas contra el legislador responden a su posicionamiento histórico en defensa de los trabajadores y a sus cuestionamientos a distintos sectores de poder.

“Carlos Cisneros siempre eligió estar del lado de los trabajadores. Defiende a los compañeros cuando otros callan y alzó la voz frente a los abusos de empresas de servicios”, sostiene el comunicado.

Además, desde el gremio remarcaron que el dirigente cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la actividad sindical y en la vida pública. “Hace más de 30 años que Cisneros está en la vida pública y sindical. Pasan los gobiernos, cambian los climas políticos, pero él sigue defendiendo las mismas banderas”, indicaron.

El documento concluye con una reafirmación explícita del respaldo gremial. “Detrás de su historia y de sus luchas está el respaldo de miles de trabajadores bancarios y de un movimiento sindical que no se arrodilla ante nadie”, completaron

 

Proyecto para analizar su desafuero

 

El pronunciamiento sindical se produjo en un contexto de creciente controversia política luego de que la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) presentara un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados analice el eventual desafuero de Cisneros.

La iniciativa solicita que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia posibles sanciones disciplinarias o el desafuero del legislador, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.

“Les pedimos a todos los diputados que no obstruyan el funcionamiento de la Justicia”, escribió Lemoine en su cuenta de X al difundir la presentación del proyecto.

Cisneros es investigado en una causa por los supuestos delitos de trata de personas y extorsión, en una derivación del Caso Vélez, que se tramita en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez. Esta semana, el magistrado informó a la Cámara de Diputados sobre la existencia de una denuncia que involucra al diputado peronista.

El expediente se inició a partir de una presentación del futbolista José Florentín, quien acusó a Cisneros de integrar una estructura destinada a falsificar pruebas para “armar una causa” en su contra en el marco del expediente por abuso sexual grupal que involucra a exjugadores de Club Atlético Vélez Sarsfield.

Requerimiento fiscal

Según el requerimiento del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, en esta etapa procesal existe “una hipótesis razonable” de la posible comisión del delito de trata de personas, previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la presunta conducta investigada no estaría vinculada al encuentro sexual en sí mismo, sino a hechos posteriores que habrían implicado presiones o condicionamientos sobre la denunciante en un contexto de vulnerabilidad.

Como parte de las medidas solicitadas, el Ministerio Público Fiscal pidió informes a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán para determinar vínculos laborales de personas mencionadas en el expediente y solicitó la citación a indagatoria de Cisneros y de la abogada Patricia Neme.

Tras conocerse la comunicación judicial al Congreso, Cisneros negó que exista un pedido de desafuero en su contra y cuestionó la difusión pública del caso.

“Hay mala fe del presidente de la Cámara y de algunos portales que reciben plata del Gobierno de la provincia. Cuando tenga que ir a declarar me presentaré”, afirmó el parlamentario peronista.

El diputado también calificó como “una vergüenza” la difusión de la información y aseguró que se presentará ante la Justicia cuando sea citado.