ANDHES cuestionó el traslado de adolescentes al complejo penitenciario de Benjamín Paz

La organización de derechos humanos ANDHES cuestionó el traslado de adolescentes en conflicto con la ley penal al complejo penitenciario de Benjamín Paz y advirtió que la medida “agrava de forma ilegítima sus condiciones de alojamiento” y vulnera estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Desde la organización señalaron que el Gobierno de Tucumán avanzó con los traslados, pese a que la Corte Suprema de Justicia provincial aún no resolvió un hábeas corpus correctivo colectivo preventivo presentado el pasado 12 de febrero para evitar esa decisión.

“Desde ANDHES denunciamos que el Gobierno de Tucumán comenzó a trasladar adolescentes al pabellón designado dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, a pesar de la acción de hábeas corpus presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para evitar un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de alojamiento”, indicaron desde la organización en un comunicado.

La entidad sostuvo además que la medida “implica alojar adolescentes dentro de un complejo penitenciario destinado a personas adultas”, lo que calificaron como “un retroceso grave en materia de derechos humanos”.

Según señalaron, el traslado se concretó “en tiempos precipitados sin que exista una fundamentación clara sobre su urgencia o necesidad, y bajo un enfoque punitivo que desnaturaliza el sentido socioeducativo que debe tener cualquier intervención estatal frente a adolescentes en conflicto con la ley penal”.

ANDHES también advirtió que la decisión vulnera el principio de especialidad del sistema penal juvenil, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa nacional vigente. “Este principio establece que los adolescentes deben ser alojados en dispositivos especializados, con equipos interdisciplinarios y abordajes socioeducativos, y no dentro de establecimientos penitenciarios pensados para personas adultas”, explicaron.

En esa línea, remarcaron que el traslado “agrava las condiciones de alojamiento, expone a los adolescentes a mayores riesgos institucionales y debilita los vínculos familiares y comunitarios”, especialmente por la distancia entre el nuevo establecimiento y los domicilios de los jóvenes.

La organización también cuestionó la falta de resolución judicial sobre la acción presentada. “La falta de respuesta de la Corte Suprema provincial a la acción de hábeas corpus, tratándose de una acción urgente, avala la medida de traslado dispuesta por el Poder Ejecutivo y legitima una grave vulneración de derechos”, señalaron.

Además, criticaron el operativo desplegado para concretar la medida. “Se movilizaron numerosos recursos del Estado para trasladar a siete adolescentes, priorizando la exhibición de las fuerzas policiales, lejos de garantizar protección para los adolescentes”, afirmaron.

Finalmente, desde ANDHES responsabilizaron al Ejecutivo provincial por las consecuencias de la decisión. “Hacemos responsables al Gobierno provincial por la vulneración directa de derechos que implica el traslado de adolescentes al complejo penitenciario de adultos de Benjamín Paz. Esta decisión evidencia una política regresiva que coloca en riesgo sus derechos y su integridad”, concluyeron.

La postura del Gobierno

El traslado se concretó este martes y alcanzó a seis adolescentes que se encontraban alojados en el ex Instituto de Clasificación Julio Argentino Roca, quienes fueron derivados al establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero, ubicado dentro del complejo de Benjamín Paz.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el nuevo espacio funciona en un sector separado del área destinada a personas adultas y que los jóvenes estuvieron acompañados por operadores convivenciales y personal de seguridad durante el procedimiento.

El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, afirmó que al llegar “recibieron una charla informativa de los operadores convivenciales y del equipo técnico profesional sobre las obligaciones a cumplir durante su estadía, así como sobre los derechos que estipulan las leyes provinciales, nacionales e internacionales”.

El funcionario sostuvo además que la obra fue realizada tras el anuncio del gobernador Osvaldo Jaldo y remarcó que el espacio fue diseñado para evitar cualquier contacto con el sector penitenciario de adultos.

“Hemos realizado una obra de envergadura para que no tengan ningún tipo de comunicación con lo que es el servicio penitenciario donde están alojados los adultos”, aseguró Masso, quien también expresó que el traslado se realizó con la participación de equipos técnicos, personal del área y reuniones previas con familiares y organizaciones.