La Bancaria salió a defender la Caja Popular y denunció una "operación política" contra la institución

A través de un extenso comunicado difundido con motivo del 111° aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, la Comisión Gremial Interna de La Bancaria Seccional Tucumán salió en defensa de la entidad y denunció la existencia de una "operación política" destinada a desprestigiar su funcionamiento.

Sin mencionar nombres, el documento adquiere una fuerte lectura política en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno provincial y el sector que responde al diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros, enfrentamiento que se profundizó a comienzos de este año cuando el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó de la intervención de la Caja Popular a José Díaz, dirigente identificado con el legislador nacional.

En su reemplazo, asumió Guillermo Norry, quien en las últimas semanas ordenó una investigación interna y promovió una denuncia ante la justicia por el retiro de dinero a través de ventanilla de la entidad, aunque internamente ya se aclaró que esos fondos estaban destinados al pago de sueldo del personal, que no está bancarizado.

En ese contexto, el gremio sostuvo que la institución "no puede ser usada como campo de batalla de intereses ajenos a su misión" y cuestionó lo que definió como "campañas de desprestigio que buscan instalar sospechas, confundir a la opinión pública y transformar el funcionamiento administrativo de la institución en una operación política".

La publicación también reivindica el rol histórico de la Caja Popular de Ahorros, que este 13 de julio cumplió 111 años, y pone el foco en los trabajadores como principal sostén de la institución.

"Detrás de cada logro institucional hubo y hay trabajadoras y trabajadores", afirma el comunicado, al destacar que la entidad lleva más de un siglo impulsando el ahorro, el crédito, la inclusión financiera y el desarrollo de Tucumán.

En otro de los pasajes centrales, La Bancaria defendió la operatoria cotidiana de la Caja y explicó que la distribución de efectivo en toda la provincia exige una logística permanente para abastecer cajeros automáticos, afrontar comisiones, premios y garantizar el pago de salarios de empleados que aún no se encuentran plenamente bancarizados.

A partir de ese planteo, el sindicato reclamó diferenciar los controles administrativos —que consideró legítimos— de lo que calificó como "desinformación malintencionada".

"Es imprescindible separar el control legítimo, que corresponde y debe existir, de la desinformación malintencionada. La transparencia institucional no se construye con operaciones mediáticas, sino con responsabilidad, verdad y respeto por quienes trabajan todos los días para sostener esta entidad centenaria", expresa el documento.

El comunicado concluye con una defensa explícita de los puestos de trabajo y del carácter histórico de la institución. "Defender la Caja Popular es defender el trabajo. Defender el trabajo es defender nuestra historia. Defender nuestra historia es defender el futuro de Tucumán", señala el texto firmado por la Comisión Gremial Interna de La Bancaria.

El trasfondo político

El pronunciamiento se conoce varios meses después de que el gobernador Jaldo resolviera reemplazar al entonces interventor José Díaz, dirigente cercano a Carlos Cisneros, para reemplazarlo por Norry, una decisión que profundizó el distanciamiento entre ambos espacios políticos.

Desde entonces, la Caja Popular quedó en el centro de una disputa que combina diferencias por la conducción del organismo, cuestionamientos sobre su administración y un abierto enfrentamiento entre el oficialismo provincial y el sector sindical y político encabezado por Cisneros.

En ese escenario, el comunicado difundido por La Bancaria trasciende el carácter conmemorativo del aniversario y constituye un nuevo capítulo en esa puja.

El pronunciamiento fue suscripto por los integrantes de la Comisión Gremial Interna de la Caja Popular de Ahorros de La Bancaria Seccional Tucumán, órgano sindical que responde al espacio político encabezado por el diputado Cisneros.

El documento lleva las firmas de 26 dirigentes gremiales, entre ellos Cecilia Sánchez Blas (secretaria general del gremio bancario en Tucumán), Ricardo Franco, Emilia Gutiérrez Cutín, Ramiro Puntano, Ileana David, Leandro Defilippo, Mauro Catania, Andrea Lescano, Micaela Dussin, Andrea Escaño Aragón, Francisco Naschtar, Hugo Ledesma, Claudia García, Estanislao Pérez García, Agostina Suárez Hinojosa, Ivana Luna, Luciano Salvatori, Lucila Ocaranza, Franco Aguirre, Maximiliano Stanich, Florencia Ale Alf, Lorena Gálvez Guardia, Paul Hill Matthew, Lourdes Satlé, Hugo Elías y Mariana Touceda Frías.