Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión en el caso Skanska

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado este martes a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Skanska, el primer gran caso de corrupción que estalló durante los gobiernos kirchneristas.

El Tribunal Oral Federal N° 4 también condenó a la misma pena al exsecretario de Obras Públicas José López, al considerar acreditado que ambos participaron del esquema de pago de sobornos vinculado a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una de las principales obras de infraestructura energética ejecutadas durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Esta última votó en disidencia respecto de la calificación legal y sostuvo que correspondía condenar a los acusados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, pero no por cohecho. También entendió que no debía imputárseles el delito de fraude al Estado al considerar que un peritaje realizado por la Corte Suprema no acreditó la existencia de sobreprecios.

De Vido siguió la lectura del veredicto desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por la condena firme que recibió por la tragedia ferroviaria de Once. López, en tanto, participó por videoconferencia desde el penal donde permanece detenido.

Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005, correspondientes a 34 millones atribuidos al pago de sobornos y otros 14 millones vinculados al perjuicio ocasionado al Estado.

Entre los condenados también figuran el exadministrador del fideicomiso que financió las obras, Néstor Ulloa, sentenciado a cinco años de prisión, y varios exdirectivos de la empresa sueca Skanska. Mario Piantoni, entonces máximo responsable de la compañía en la región, recibió cuatro años de cárcel, mientras que otros ejecutivos fueron condenados a penas de entre tres y cuatro años.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el próximo 22 de septiembre.

El primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo

La causa Skanska ocupa un lugar central en la historia judicial argentina porque fue el primer gran expediente por corrupción que involucró al gobierno de Néstor Kirchner. El caso estalló en 2005 y expuso presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

La investigación reveló un supuesto mecanismo de pago de coimas a funcionarios públicos mediante la utilización de facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma, una maniobra que habría servido para justificar la salida del dinero destinado a los sobornos.

Aunque con el paso de los años otras investigaciones de mayor impacto político, como Vialidad, Cuadernos de las Coimas o Hotesur-Los Sauces, concentraron la atención pública, Skanska fue el primer caso que puso bajo sospecha el sistema de contratación de obra pública durante el kirchnerismo y marcó el inicio de una extensa serie de investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción.

Una causa que estuvo al borde del cierre

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica y de una publicación periodística que reveló sospechas sobre una red de empresas utilizada para evadir impuestos y canalizar el pago de sobornos.

Sin embargo, el expediente sufrió un fuerte revés en 2011, cuando la Cámara Federal revocó procesamientos y dictó sobreseimientos que prácticamente paralizaron la causa. En ese momento, De Vido y López todavía no figuraban entre los principales acusados.

La investigación recuperó impulso años después cuando la Cámara Federal de Casación Penal resolvió validar una grabación obtenida durante una auditoría interna de Skanska. En ese audio, el entonces gerente comercial de la empresa, Javier Azcárate, reconocía el pago de sobornos para obtener contratos de obra pública.

Según la acusación fiscal, las coimas representaban el 5% del valor de los contratos: un 3% destinado a funcionarios del Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos. Para justificar esos desembolsos, siempre de acuerdo con la investigación judicial, se utilizaron facturas emitidas por empresas ficticias.

Con esa prueba nuevamente incorporada al expediente, la Justicia anuló los sobreseimientos previos y reactivó una investigación que, casi veinte años después de los hechos, concluyó con las condenas contra quienes encabezaban el Ministerio de Planificación Federal durante el período investigado.

Con información de La Nación