Justicia tarifaria ante el desastre: proponen la exención automática de servicios en zonas de emergencia

El legislador peronista Tomás Cobos (foto inferior) presentó ante la Cámara un proyecto de ley que busca instituir un régimen de exención automática del pago de servicios públicos esenciales en situaciones de emergencia o desastre declaradas en el territorio tucumano. La propuesta tiene como eje central que los ciudadanos afectados por catástrofes climáticas o sanitarias no deban afrontar cargas económicas por prestaciones que no recibieron, buscando aliviar la situación de vulnerabilidad de quienes ya sufren pérdidas materiales. Según destaca la iniciativa, el objetivo es “establecer un mecanismo automático, transparente y justo que proteja a los usuarios en contextos de emergencia, fortaleciendo el rol del Estado en la defensa de los derechos ciudadanos”.

El proyecto de Cobos estipula que la norma será de aplicación directa para los servicios públicos esenciales concesionados o prestados en la provincia, con especial énfasis en el suministro de energía eléctrica y agua potable. El beneficio se activará de forma inmediata ante contingencias graves: “En caso de interrupción total o parcial del servicio por un período superior a cuarenta y ocho (48) horas consecutivas, en zonas declaradas en emergencia o desastre, los usuarios afectados quedarán automáticamente exentos del pago proporcional correspondiente a los días sin prestación efectiva del servicio”.

Un aspecto fundamental de la medida es la prohibición del cobro diferido, impidiendo que las empresas trasladen la deuda de los días sin servicio a meses posteriores o la financien en cuotas. Para operativizar este derecho, la ley obliga a las prestatarias a emitir una refacturación automática dentro de los 30 días, excluyendo los cargos de las jornadas en las que el usuario no contó con el suministro. Además, se prevé la creación de un sistema de control mediante un código QR en las facturas para que los ciudadanos verifiquen los días sin servicio registrados y los descuentos aplicados.

La autoridad de aplicación designada es el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), el cual deberá actuar coordinadamente con la Defensoría del Pueblo, Defensa Civil y los municipios para validar las zonas afectadas y los períodos de corte. El incumplimiento por parte de las empresas podría derivar en multas económicas proporcionales a la facturación afectada y compensaciones directas al usuario. Asimismo, la Legislatura ejercerá una función de fiscalización política a través de sus comisiones de Energía y Derechos Humanos.

Para garantizar la rendición de cuentas, el proyecto impone la obligatoriedad de una Audiencia Pública Post-Emergencia dentro de los 30 días de finalizada la crisis. En dicha instancia, las empresas deberán “informar sobre las causas de las interrupciones del servicio, detallar las acciones realizadas y los tiempos de restitución, y exponer las medidas de compensación y refacturación aplicadas”, recibiendo además reclamos y propuestas de los usuarios.

Justicia y equidad

En los fundamentos de la pieza legal, Cobos subraya que las recientes inundaciones en Tucumán han dejado en evidencia la desprotección de miles de familias. El legislador es tajante al señalar que “ningún ciudadano debe pagar por un servicio que no recibió” y critica las soluciones paliativas previas. En sus palabras, “la propuesta de financiamiento de facturas por parte de las empresas prestatarias no resuelve el problema, sino que traslada la carga económica a los damnificados, profundizando la desigualdad”. Con esta iniciativa, se pretende que el alivio económico sea real y no un simple aplazamiento de las obligaciones financieras en medio de una catástrofe.