
El presidente Javier Milei apuntó contra la oposición, luego de que ayer se cayera la sesión en el Senado de la Nación, donde se iba a tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Poder Ejecutivo no reunió los consensos necesarios y necesitó pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
En el marco de su disertación en la Bolsa de Comercio, que realizó una actividad por su aniversario, valoró la importancia de la defensa del derecho de propiedad como principal aliento para la inversión.
“Juega un rol fundamental el derecho de propiedad, y es por eso que no es redundante que estemos enviando al congreso una ley para declarar la inviolabilidad y el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad, porque respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, destacó el presidente.
“Además, resulta, como otras leyes, resulta interesante como principio de revelación, porque está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”, criticó.
“Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina, esos son los que violentaron el derecho propiedad, esos son los que nos hundieron”, sentenció Milei.
Detalles del proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno reúne una serie de reformas destinadas a reforzar las garantías del derecho de propiedad. Entre sus principales cambios, modifica el régimen de expropiaciones para endurecer los requisitos que debe cumplir el Estado, agiliza los procesos de desalojo y facilita la recuperación de inmuebles por parte de sus dueños. Además, introduce cambios en las normas que regulan los contratos de alquiler con el objetivo de fortalecer la posición de los propietarios ante incumplimientos.
La iniciativa también deroga la Ley de Tierras Rurales, eliminando las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, y modifica la Ley de Barrios Populares al quitar la suspensión de desalojos y el régimen que permitía avanzar con la regularización de asentamientos registrados en el RENABAP. A su vez, elimina algunas limitaciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios forestales, una medida que el Gobierno justifica como una defensa del derecho de propiedad, aunque genera cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas.