
El Frente de Gremios Estatales, Comunales y Municipales de la Provincia solicitó formalmente una audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo para plantear una serie de reclamos vinculados a la situación salarial y laboral de los trabajadores del sector público. La presentación fue realizada el pasado 28 de julio mediante una nota ingresada por la Mesa de Entradas de la Gobernación.
El documento, firmado por los secretarios generales Luis Enzo Alarcón (SOEM Simoca), Alfredo Giménez (SOEM Monteros) y Vicente Salvador Ruiz (SOEM Aguilares), sostiene que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el incremento del costo de vida hacen necesaria una respuesta urgente del Poder Ejecutivo.
Como principal planteo, los gremios solicitaron una recomposición salarial que permita que la categoría 18 alcance el costo de la canasta básica, al considerar que los actuales ingresos de los trabajadores estatales se encuentran muy por debajo de ese umbral.
En la nota, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, también reclamaron el pago de la Compensación Salarial No Remunerativa No Bonificable para el personal que se encuentra a diez años de acceder a la jubilación, beneficio previsto en distintos decretos provinciales dictados entre 2013 y 2016.
Otro de los pedidos apunta a otorgar un anticipo del 20% para los agentes que, por haber alcanzado la edad de 50 años en el caso de las mujeres y 55 en el de los varones, dejaron de percibir el adicional contemplado por la Ley Nº 7.991.
El Frente de Gremios también solicitó modificar el Decreto Nº 410/1-1990, con el objetivo de incrementar del 2% al 3% el adicional por antigüedad correspondiente a la categoría de revista de los agentes estatales y municipales.
Asimismo, propuso actualizar el Decreto Nº 3.362/1971, para permitir la incorporación de la esposa o de hijos solteros de empleados fallecidos, tanto activos como jubilados, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto para el Empleado Público.
Entre los planteos también figura un pedido dirigido al Subsidio de Salud. Los sindicatos solicitaron modificar la Resolución Nº 4674, emitida el 30 de marzo de este año, para elevar de $1.150.000 a $1.300.000 el tope salarial bruto requerido para acceder a determinados beneficios de la obra social provincial.
La nota incorpora además el reclamo para que el Gobierno provincial implemente un Seguro de Vida Obligatorio a cargo del empleador, conforme a lo previsto por el Decreto Nacional Nº 1.567/74, en reemplazo del seguro que actualmente se descuenta de los haberes de los trabajadores estatales.
Los fundamentos del reclamo
En el escrito elevado al gobernador, los dirigentes sindicales argumentan que la situación económica de los empleados públicos se volvió "desesperante" debido a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente al incremento del costo de vida.
Según expresan, los aumentos registrados en las tarifas de energía eléctrica, transporte, gas y otros servicios básicos absorben actualmente más del 50% de los ingresos de numerosos trabajadores estatales, dificultando la cobertura de las necesidades esenciales de sus hogares.
Los gremios también sostienen que desde marzo no se produjo una recomposición salarial acorde con la evolución de los índices económicos y advirtieron que el incremento anunciado para septiembre recién será percibido con los haberes de octubre, por lo que consideran imprescindible una actualización anticipada para evitar un mayor deterioro de los ingresos.
En ese contexto, solicitaron que el Gobierno provincial conceda una audiencia para analizar el conjunto de los planteos y avanzar en una respuesta a las demandas del sector, en medio de un escenario marcado por la aceleración del costo de vida y las negociaciones salariales abiertas con los distintos gremios de la administración pública.
