El Tribunal de Cuentas frenó un pago millonario en el área de Mejoramiento de Espacios Públicos por irregularidades

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió observar con carácter de “formal oposición” un pago de $26.985.000 impulsado por la Secretaría de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos (SESMEP), que conduce Carlos “Alito” Assán, tras detectar una serie de irregularidades tanto en el procedimiento de contratación como en la ejecución del servicio.

La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 1327, firmado este 28 de abril, donde el organismo de control no solo objetó la Resolución N° 58/SESMEP, que autorizaba el pago a la firma Coltrans SRL, sino que además ordenó la apertura de una comprobación sumaria para investigar posibles perjuicios al Estado.

El gasto cuestionado corresponde a servicios de maquinaria pesada, como camiones volcadores, retroexcavadoras y motoniveladoras, prestados a fines de febrero, en el marco de una contratación más amplia que prevé desembolsos por más de $450 millones hasta junio.

Sospechas sobre el proceso de contratación

Uno de los puntos más sensibles señalados por el TC en su Acuerdo, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, está en el origen mismo de la contratación. Según el dictamen, el cotejo de precios utilizado como mecanismo de selección presenta “vicios sustanciales” que ponen en duda su legalidad.

Entre las anomalías detectadas, una empresa invitada a cotizar desconoció haber participado del proceso y negó la autenticidad de la firma atribuida en la documentación. A esto se suma que otro oferente ya estaba bajo investigación en otro expediente por tener domicilio inexistente.

“Se verificó que la firma Petrolera Anva S.R.L., invitada a cotizar en el Cotejo de Precios N° 01/2026, no reconoció la firma atribuida al Sr. Antonio F. Petech, ni recordó haber presentado presupuesto; y que el proveedor Rojano Maximiliano, también invitado en el procedimiento, ya se encontraba vinculado al Expte. N° 119-270-CFG-26, en el cual se había iniciado una comprobación sumaria por tratarse de una firma con domicilio inexistente”, resaltó el TC.

Para el organismo de control, estos elementos “refuerzan la ausencia de una base fáctica regular para tener por válidamente cumplido el cotejo de precios”.

Diferencias en los servicios y perjuicio económico

A las irregularidades administrativas detectadas, se agregan inconsistencias en la prestación efectivamente realizada. Informes técnicos determinaron que la maquinaria utilizada no coincidía plenamente con la contratada, lo que impacta directamente en el monto facturado.

Mientras la propia repartición reconoció una diferencia a favor del Estado de poco más de $4,1 millones, el TC determinó en su auditoría que esa cifra se eleva a $5,3 millones, advirtiendo un perjuicio de un 28,34% por encima del inicialmente calculado.

“En consecuencia, se verifica una diferencia respecto del monto determinado por la repartición, evidenciándose una insuficiente verificación de los equipos efectivamente utilizados en la prestación del servicio, lo cual derivó en la aprobación de una facturación en perjuicio del erario público en la suma de $ 5.349.375”, detalla la actuación, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

Además, el organismo cuestionó la supuesta “nota de crédito” presentada por la empresa para compensar la diferencia, al considerar que no cumple con los requisitos legales y fiscales, por lo que no puede ser tomada como válida.

Un acto administrativo viciado

A partir de estos elementos, el Tribunal concluyó que el acto administrativo presenta fallas de fondo que impiden su aprobación. “El acto sometido a control presenta vicios que impiden su aprobación en los términos en que fue dictado”, sostiene el acuerdo, y agrega que la resolución “aprueba el pago de una factura sobre la base de una prestación cuya liquidación no se corresponde plenamente con los equipos efectivamente utilizados”.

En ese marco, el organismo también subraya que la legitimidad del pago queda en duda debido a las irregularidades detectadas en el proceso de contratación, lo que impide “tener por acreditada […] la legitimidad plena del derecho invocado por el proveedor”.

Como consecuencia, el Tribunal no solo bloqueó el pago, sino que dispuso la apertura de una investigación formal dentro de la SESMEP.

La medida se vincula con otro expediente en curso por hechos similares, lo que refuerza la hipótesis de un patrón de irregularidades. De hecho, el acuerdo señala la “posible continuidad objetiva de un mismo patrón procedimental irregular”, lo que justifica una investigación unificada.

El objetivo será determinar si existieron perjuicios al erario público y establecer las responsabilidades de los funcionarios y agentes intervinientes.