Un debate marcado por acusaciones de estafa al Estado y la sombra de un inminente "impuestazo" en el sector inmobiliario

El recinto legislativo de Tucumán fue escenario de un áspero debate conducido por el titular de la Cámara, Miguel Acevedo, donde se terminó aprobando por amplia mayoría un alivio fiscal que, paradójicamente, desnudó las fallas de la política recaudatoria provincial. La controversia central giró en torno al Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (OMITUC), cuya metodología de cálculo disparó las valuaciones de las propiedades a niveles "estratosféricos", forzando al Poder Ejecutivo a retroceder para intentar reactivar un sector que sufrió una caída del 70% en sus operaciones. La oposición cargó severamente contra lo que calificaron como un "error reconocido" que dejó la puerta abierta a incrementos impositivos significativos en el futuro, especialmente en el Impuesto Inmobiliario. Asimismo, el oficialismo introdujo un elemento de tensión adicional al denunciar que las escribanías "daban fe de las estafas" de contribuyentes contra el Estado al declarar valores irrisorios para evadir tributos.

El legislador Carlos Gallia, miembro informante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, detalló que el proyecto busca armonizar el Código Tributario con la realidad actual y aliviar el bolsillo del vecino. Precisó que "la base para el impuesto de Sellos se reducirá en un 30% sobre el valor catastral" para evitar cargas excesivas en las transferencias. Además, destacó la exención para la "vivienda familiar única y de ocupación permanente" y para donaciones gratuitas entre familiares directos, así como un importe fijo de $50.000 para sustituciones de fiduciarios.

Sin embargo, para Claudio Viña (Compromiso por Tucumán), autor del dictamen en minoría, la medida es insuficiente. "El OMITUC es omnipotente para gravar, se basa en mapas de calor o intersecciones espaciales para determinar el valor de los inmuebles", criticó, calificando al ente como una "barbaridad tributaria" que debió ser eliminada en lugar de ser "atenuada" con un descuento de "inicio de temporada". Viña propuso, sin éxito, que quienes pagaron de más desde diciembre de 2025 reciban un crédito fiscal: "Son incautos que han sido engañados por un gobierno que había calculado mal la evaluación de su inmueble".

Claudio Viña.

Viña señaló que, si bien casi el 25% de la recaudación total de Tucumán proviene de impuestos provinciales, el Impuesto de Sellos representa solamente el 3% de ese total. En sus palabras, se trata de un tributo que "no mueve el amperímetro de la recaudación total de la provincia", pero que al contribuyente le resulta muy costoso pagar. El parlamentario calificó al tributo como un "peaje entre la formalidad" y un "típico impuesto retrógrado" que incentiva la economía marginal.

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) presentó ejemplos alarmantes de las distorsiones. Citó el caso de un inmueble común cuya evaluación fiscal saltó de $33 millones a un valor catastral de $543 millones. "Ustedes lo están poniendo en un valor de $200.000 dólares cuando la casa se vende a 60.000 dólares. Estamos poniendo un valor que verdaderamente no tiene nada que ver con el valor de mercado", fustigó. Advirtió que este "error extendido" es el preludio de un ajuste en el Impuesto Inmobiliario donde "nadie va a poder abrir la boca". “Primero fijaron un valor catastral muy por encima de lo que realmente valen las operaciones. Después le aplican un descuento del 30%, pero igual sigue siendo un valor altísimo sobre el cual se calculan los impuestos”, agregó.

Además, recordó que esta situación ya había sido advertida: “En diciembre dijimos claramente que reemplazar la valuación fiscal por el valor catastral iba a generar un aumento enorme en los impuestos. Hoy el propio Gobierno está reconociendo ese error, pero lo corrige mal”.

Silvia Elías de Pérez.

Por su parte, José Seleme (Avanza Tucumán) recordó que la oposición ya había advertido que tras el nombre atractivo del OMITUC se escondía un "impuestazo inmobiliario sin precedentes" que convierte el escriturar en un "privilegio". Sostuvo que existe una relación directa entre el costo del impuesto y la falta de regularización: “Cuando el impuesto a los Sellos se vuelve impagable, proporcionalmente crece la informalidad dominial”. Criticó que las políticas actuales empujan a los tucumanos a conformarse con documentos de menor jerarquía jurídica: “No se dan cuenta que están empujando a miles de tucumano a quedarse con un boleto de compraventa en lugar de acceder a un título perfecto”.

Para el legislador opositor, el acceso a la escritura dejó de ser un derecho accesible para transformarse en un beneficio restrictivo. Finalmente, advirtió que cuando las valuaciones se alejan de la realidad de los ingresos locales, el resultado será una ola de “amparo y juicio contra nuestra provincia debido al carácter confiscatorio que adquiere el tributo".

En sintonía, José Macome (Compromiso con la Libertad) calificó al Observatorio como un "monumento a la arbitrariedad" y señaló que el Estado baja impuestos solo porque "se equivocó y esa equivocación le provocó recaudar menos". Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) señaló que el gobierno primero le "cortó las piernas" a los ciudadanos con las valuaciones anteriores y ahora intenta darles una "muleta" con la reducción del 30%. Criticó la improvisación, afirmando que el Estado actúa como "bombero de los incendios que genera" él mismo. Paralelamente, advirtió que la falta de estudio y consenso en las normas previas provocó una caída del 70% en las operaciones inmobiliarias en los últimos cinco meses, generando una inseguridad jurídica que ahuyentó inversiones hacia otras provincias como Neuquén o Santiago del Estero.

Desde la bancada mayoritaria, la respuesta fue punzante. Gerónimo Vargas Aignasse denunció una histórica "estafa permanente al Estado" convalidada por los agentes de retención: "Las escribanías daban fe de las estafas entre comprador y vendedor, valía 100, vendían a 20". Defendió la norma como un acto de "racionalidad" ante un exceso advertido, rechazando la retroactividad pedida por Viña para no generar un "descalabro jurídico".

Alfredo Toscano.

Alfredo Toscano (Compromiso por Tucumán) sumó su voz al "sinceramiento de la economía", argumentando que en Argentina las valuaciones fiscales representan apenas entre el 5% y 20% del valor real, a diferencia de otros países de la región. "¿Está caro hoy o antes estaban estafando al Estado?", se preguntó, criticando a los desarrolladores que "ganan dinero a costa de todos los tucumanos" gracias a las inversiones estatales en infraestructura. Tulio Caponio también celebró el sinceramiento para terminar con la "mala costumbre" de hacer figurar valores irreales.

Finalmente, Roque Álvarez (titular de la bancada del PJ) cerró el debate al rechazar que la Legislatura fuera una "feria" donde se venden bajas de impuestos. "Estamos intentando subsanar algunos errores, preservar el equilibrio entre potestad tributaria y los derechos del contribuyente", afirmó. Álvarez desestimó que el Impuesto de Sellos fuera insignificante, indicando que en marzo representó más de 11.000 millones de pesos, un 11,62% de la recaudación.

La ley fue sancionada con 42 votos a favor y 5 en contra, provenientes de Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, Walter Berarducci, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra.