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Casa Rosada intensificó las conversaciones con los bloques aliados para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y avanzar hacia un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre o, como alternativa, el 25 de este mes.
La negociación se desarrolla en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, y tiene como principal articulador al titular de la Cámara baja, Martín Menem.
En los últimos días, Menem mantuvo distintos encuentros con representantes de los espacios que acompañan habitualmente al Gobierno para conocer sus demandas y acercar posiciones. Aunque todavía no hay acuerdos cerrados, uno de los reclamos que atraviesa las conversaciones es el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Los bloques dialoguistas plantean revisar la carga de ese tributo y reclaman que los fondos se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales, uno de los objetivos que motivaron su implementación. El planteo coincide con los pedidos que distintos gobernadores ya elevaron al Poder Ejecutivo y que ahora buscan impulsar a través de sus representantes en el Congreso.
Desde el PRO, la bancada que conduce Cristian Ritondo puso sobre la mesa la situación de la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También trasladó el pedido del mandatario entrerriano Rogelio Frigerio para reducir del 21% al 10,5% el impuesto que grava los huevos y sus derivados. A esos reclamos se suman demandas por obras viales en distintas provincias.
La Unión Cívica Radical (UCR), en tanto, busca garantizar mayores recursos para las universidades públicas. El debate está marcado por la diferencia entre los $ 7 billones que contempla la propuesta del Gobierno Nacional y los 11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los radicales intentan acercar ambas posiciones y sostienen la necesidad de atender especialmente a las instituciones vinculadas con el espacio.
Otro punto que genera preocupación entre los aliados radicales es la partida destinada a las personas con discapacidad. Los legisladores esperan que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, confirme los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la nueva legislación. Aunque consideran que la discusión sobre la ley ya quedó saldada, todavía no recibieron garantías presupuestarias de la Casa Rosada.