El PJ busca que el Boleto Estudiantil Gratuito sea ley y no una "decisión administrativa del Poder Ejecutivo"

Un grupo de legisladores del bloque oficialista presentó un proyecto de ley con el objetivo de convertir el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en una “política pública permanente de la Provincia de Tucumán”. La iniciativa, que alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos en instituciones públicas y parroquiales, busca “garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad en el sistema educativo”. Los fundamentos del texto, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, sostienen que el costo del transporte no debe representar una “barrera económica”, ya que asegurar la asistencia diaria a las escuelas constituye una “responsabilidad indelegable del Estado”. La nota central del proyecto radica en la necesidad de otorgar a esta herramienta un marco legal sólido que brinde “estabilidad institucional y previsibilidad en el tiempo, evitando que pueda verse afectada por cambios de gestión o decisiones circunstanciales”.

La propuesta es encabezada por el legislador Roberto Moreno, a quien acompañaron con sus firmas sus pares Patricia Lizárraga, Paula Galván y Roque Argañaraz. El documento recuerda que esta política pública tuvo su origen en una iniciativa impulsada en la Legislatura por el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, cuando presidía la Cámara, y que posteriormente se consolidó como un programa de alcance provincial bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los autores advierten que, pese a su impacto positivo, el funcionamiento del beneficio “se encuentra actualmente sustentado principalmente en decisiones administrativas del Poder Ejecutivo Provincial”, situación que motiva este pedido de institucionalización por ley.

Caducos

Este nuevo intento de darle rango legal al beneficio se produce tras antecedentes parlamentarios que no prosperaron. Ya en el año 2022, se habían elevado a la Cámara dos proyectos en el mismo sentido —uno de autoría de referentes peronistas como Darío Gonzalo Monteros, actual intendente de La Banda del Río Salí, y otro ideado por el entonces legislador radical José María Canelada—, pero ambos perdieron estado parlamentario al no ser tratados en el recinto. Cabe recordar que el único antecedente firme aprobado por la Legislatura data de enero de 2020, cuando se sancionó un proyecto de resolución que manifestaba el beneplácito del Cuerpo ante la decisión adoptada en aquel momento por Jaldo de implementar el beneficio.

El articulado del nuevo proyecto estipula que el BEG comprenda la “cobertura del costo del transporte público de pasajeros para el traslado de los estudiantes entre su domicilio y el establecimiento educativo al que asistan”. Además, enfatiza que el beneficio debe garantizar “criterios de igualdad, accesibilidad e inclusión, asegurando su efectivo acceso para estudiantes con discapacidad”. El texto también aclara que no se pretende crear un nuevo beneficio ni ampliar el universo de destinatarios, sino “reconocer mediante una norma legal una política pública que ya ha demostrado su impacto positivo en la sociedad tucumana”.

Finalmente, los legisladores resaltan el impacto estratégico que la medida tiene en el interior de la provincia, donde el transporte es una “condición indispensable para garantizar la continuidad de los estudios”. Según el documento, garantizar el acceso al transporte debe interpretarse como una “inversión estratégica en educación, en desarrollo humano y en el futuro de Tucumán”. De aprobarse, la autoridad de aplicación deberá remitir anualmente a la Legislatura un informe detallado sobre la implementación del programa, incluyendo recursos destinados y alcance territorial.