El Gobierno de Tucumán lleva un año sin reglamentar la Ley de Salud Mental pese al aumento de los suicidios

La Ley Provincial N° 9923, que aborda de manera integral la salud mental y la prevención del suicidio en Tucumán, fue aprobada hace un año por la Legislatura. A pesar de que todos los espacios políticos la apoyaron, sigue sin ser reglamentada por el Gobierno provincial.

El Poder Legislativo selló su aprobación el 18 de septiembre de 2025. Unas semanas después, el 3 de octubre de ese año, el texto fue promulgado con las firmas de Miguel Acevedo, vicegobernador que se encontraba a cargo de la Gobernación, y Luis Medina Ruiz, ministro de Salud. Es decir, la iniciativa fue debatida y aprobada por la Legislatura, promulgada por las autoridades del Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, la falta de reglamentación afecta su plena aplicación.

El contexto es más que suficiente para explicar su importancia. Los casos de suicidio aumentaron un 57% en Argentina entre 2017 y 2025, según el Sistema Nacional de Información Criminal. Además, es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, incluso por encima de los accidentes de tránsito.

Tucumán no es la excepción. Cada 100.000 personas, 13,5 se suicidaron en 2025. La tasa fue mayor al promedio nacional, que se ubicó en 11,8. De esta manera, ocupó el sexto lugar en el ranking nacional.

Lo que dice la ley tucumana sobre la salud mental

El legislador Gabriel Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura e impulsor del proyecto, aseguró que esta norma provincial adhiere a la ley nacional sin entrar en contradicción con ella. “Apunta al mismo espíritu, que tiene que ver con los derechos de las personas y con romper el esquema de manicomio”, precisó en diálogo con Tendencia de Noticias.

El proyecto nació de la combinación de distintas propuestas legislativas y del trabajo coordinado con el Ministerio de Salud provincial, las universidades, los colegios profesionales involucrados, ONGs y hasta con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su principio rector se basa en priorizar el tratamiento por fuera de los ámbitos de internación hospitalaria, promoviendo abordajes interdisciplinarios.

La norma ordena la creación de distintos elementos. En primer lugar, un Plan Provincial de Salud Mental. En segundo lugar, una Comisión Provincial Interministerial en Políticas de Salud Mental, presidida por Salud e integrada por otras áreas gubernamentales. En tercer lugar, un Consejo Consultivo de carácter honorario destinado a formular recomendaciones. Por último, obliga a fortalecer un protocolo detallado para el tratamiento y prevención de los suicidios en todos los niveles del Estado.

En materia de financiamiento, la ley estipula que la Provincia debe destinar a la salud mental el 10% del presupuesto anual proyectado para el área de salud. Sin embargo, Yedlin aclaró que es un objetivo al que se apunta gradualmente y que no representa un obstáculo para el Poder Ejecutivo. “La ley dice que esto tiene que alcanzarse de acuerdo a las posibilidades del Tesoro. Es de manera gradual y progresiva, no de un día para el otro”, aclaró el legislador.

Además, se ordena la creación de un catálogo que reúna los medicamentos para personas en tratamiento por trastornos de salud mental. Respecto a los profesionales, se establece su georreferenciación para saber quiénes brindan servicios de esta índole y en qué puntos de la provincia.

El texto también contempla el momento posterior a una internación a través del Programa Vuelta a Casa. El objetivo es realizar un censo para determinar la cantidad de personas internadas por trastornos de salud mental en forma crónica que poseen condiciones de recibir el alta, pero que se encuentran imposibilitadas de volver a sus hogares por carencias sociales.

“Es lo más importante que hice en estos tres años. Ha sido un recorrido que estuvo muy bien todo. Cómo lo hemos armado, cómo lo hemos consensuado, los aportes de organismos internacionales, la vinculación con distintos sectores. La verdad, es una ley que está muy bien”, valoró Yedlin.

La reglamentación, entre el trabajo "en marcha" y una disputa política

En junio de este año, el gobernador Osvaldo Jaldo había afirmado que el proceso de reglamentación de la ley se encontraba en marcha. “La Fiscalía de Estado está trabajando con la ministra de Educación, Susana Montaldo, y con una comisión del Poder Legislativo para hacer la reglamentación, que es la base de su funcionamiento”, había declarado antes de asegurar que podría empezar a aplicarse “en muy poco tiempo”.

Sin embargo, un año después de su aprobación y tres meses luego de este anuncio, la norma todavía no se implementa. Para Yedlin, esta demora “no es normal”, pero sigue el mecanismo de otras leyes aprobadas que aún no se reglamentan, como la Ley de Ludopatía. “Habría que ver por qué”, se preguntó.

Consultado por las causas de esta paralización, el legislador deslizó que podría deberse a su distanciamiento con el jaldismo y a la disputa que la Casa de Gobierno mantiene con el sector más afín al exgobernador Juan Manzur. “Ideológicamente, estoy seguro que no están en desacuerdo con que haya una mejora en la salud mental. Lo que yo creo es que hay un tema político. No quieren generar algo que beneficie a algún grupo. Pero la ley no es mía, la trabajamos todos”, cerró Yedlin.

El reclamo de los profesionales

El pedido de reglamentación no se limita únicamente al ámbito legislativo. Más allá de las disputas políticas que podrían atravesar la norma, el Colegio de Psicólogos de Tucumán (CPT) reclamó su plena implementación.

“Hemos acompañado cada una de las instancias a las que hemos sido convocados. También hemos celebrado la sanción de esta ley porque retoma el espíritu de la ley nacional y profundiza en otras cuestiones bastante significativas”, explicó Sol Forgas, presidenta del CPT.

En diálogo con este medio, Forgas valoró el abordaje comunitario que establece la Ley Nacional de Salud Mental, a la que la norma provincial adhiere. “La internación tiene que pensarse como último recurso. Se tiene que pensar en una perspectiva y en un abordaje desde el primer nivel de atención”, agregó.

Por eso, los profesionales también reclaman una reglamentación “seria y coherente”, que delinee los presupuestos necesarios para abordar la crisis de salud mental que atraviesa la sociedad. “Una ley sin reglamentación es una ley que corre el riesgo de quedar en su tinta”, concluyó la presidenta.