El Concejo clasificó más de 6.000 ordenanzas y busca aprobar el Digesto Jurídico antes de fin de año

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán ingresó en la etapa final de elaboración del Digesto Jurídico Municipal, luego de completar prácticamente el relevamiento y la clasificación de más de 6.000 ordenanzas. El objetivo es determinar definitivamente cuáles continúan vigentes, cuáles fueron derogadas y cuáles quedaron caducas para ordenar el marco normativo de la Capital.

La Comisión Especial de Digesto Jurídico avanzó este viernes en la definición de los anexos que formarán parte del documento final, con la intención de que pueda ser aprobado por el cuerpo antes de que termine el actual período parlamentario o, a más tardar, antes de fin de año.

El trabajo comprende más de 5.400 ordenanzas sancionadas desde el retorno de la democracia y otras 984 correspondientes al período 1976-1983. Debido al volumen de documentación, el análisis fue distribuido entre concejales, asesores y personal técnico y legislativo del Concejo. "Durante mucho tiempo la pregunta fue cuántas ordenanzas teníamos y cuál era la situación de cada una. Esa etapa está prácticamente terminada", explicó el presidente de la Comisión Especial, Gustavo Cobos. "Hoy ya tenemos todo el universo clasificado y empezamos una tarea distinta: definir qué normas están vigentes, cuáles fueron derogadas, cuáles han perdido vigencia y cómo dejamos ordenado todo ese sistema hacia adelante", agregó.

Vigentes, derogadas y caducas

La nueva etapa estará concentrada en la elaboración de los anexos definitivos del Digesto. Allí se buscará diferenciar las ordenanzas que permanecen vigentes de aquellas que fueron expresamente derogadas y de las que, pese a permanecer en los archivos municipales, perdieron vigencia porque cumplieron su finalidad, venció el plazo para el que fueron sancionadas o fueron reemplazadas posteriormente.

"Una ordenanza puede seguir apareciendo en un archivo aunque haya sido dictada para una situación que terminó hace treinta años. También puede haber sido modificada cuatro o cinco veces, o reemplazada en los hechos por una regulación posterior", ejemplificó Cobos.

En ese sentido, el edil radical dijo que "el desafío es que cuando terminemos este trabajo no haya que hacer arqueología jurídica para saber cuál es la norma que corresponde aplicar".

El Digesto también contará con un índice temático y un glosario, para que las ordenanzas incorporen una breve descripción que permita identificar qué materia regula cada una y su relación con otras disposiciones.

De esa manera, la intención es que la herramienta no se limite a reunir miles de números de ordenanzas, sino que facilite la consulta de la normativa tanto para las áreas del Estado municipal como para concejales, profesionales y vecinos.

Reconstruir ordenanzas modificadas varias veces

Otro de los desafíos será la denominada consolidación normativa. Este proceso implica reconstruir el texto vigente de aquellas ordenanzas que fueron modificadas sucesivamente a lo largo de los años, incorporando esos cambios para determinar cuál es actualmente la regulación aplicable.

La Comisión diferenció esa tarea de los casos en los que una ordenanza quedó desactualizada y requiere una nueva intervención del Concejo para adecuarla.

"Ordenar no significa solamente sacar las normas viejas. También significa poder reconstruir con claridad qué dice hoy una ordenanza que fue modificada varias veces y detectar cuáles son las regulaciones que quedaron desactualizadas y necesitan una nueva discusión del Concejo", señaló Cobos.

La Comisión Especial está presidida por el concejal radical e integrada además por Alfredo Terán de Zavalía, Ana González, Facundo Vargas Aignasse y Federico Romano Norri.

Una vez concluidos los anexos, la consolidación de las normas modificadas y la revisión de los casos jurídicamente más complejos, el proyecto deberá avanzar hacia su aprobación por el Concejo. "Queremos que este año quede aprobado el Digesto", anticipó Cobos.

El concejal aclaró que la sanción no supondrá la finalización del proceso de revisión normativa. "Eso no significa que al día siguiente desaparezca todo el trabajo pendiente: al contrario, significa que vamos a tener por primera vez una base ordenada y jurídicamente clara desde la cual seguir actualizando la normativa de manera permanente", explicó.

Por ese motivo, después de la aprobación deberá continuar el proceso de actualización y consolidación de las ordenanzas, además de la revisión legislativa de aquellas disposiciones que hayan quedado desactualizadas.

"Estamos entrando en la parte más delicada del trabajo. Clasificar miles de normas fue enorme, pero ahora tenemos que convertir esa clasificación en certeza jurídica", sostuvo Cobos. "El resultado tiene que permitir que cualquier funcionario, concejal, abogado o vecino pueda saber con claridad qué reglas están vigentes en la ciudad", concluyó.