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El Gobierno de la Nación prepara cambios en el esquema de financiamiento universitario, para incorporarlos en el proyecto del Presupuesto 2027, en un intento por cerrar uno de los principales conflictos que mantiene abierto con las universidades y evitar que la discusión vuelva a convertirse en un obstáculo para la aprobación de la ley de gastos.
El proyecto deberá ingresar a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre. En Casa Rosada, ya trabajan en los detalles de la iniciativa. La estrategia oficial apunta a llegar a esa instancia con la mayor cantidad de acuerdos políticos posibles y utilizar la negociación presupuestaria para definir también las partidas destinadas al sistema universitario.
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) confía en contar esta vez con una mayoría más estable que la que tuvo durante la discusión del Presupuesto 2026. Sin embargo, reconoce que será necesario negociar con gobernadores y bloques dialoguistas para evitar un nuevo revés durante la votación en particular.
Los porcentajes y el mecanismo definitivo todavía no fueron establecidos. La intención del Ejecutivo es negociar durante las próximas semanas con los distintos actores del sistema y vincular la discusión del próximo año con los compromisos que todavía permanecen pendientes de 2024.
El objetivo es evitar que el ejercicio 2027 vuelva a comenzar con una disputa entre el Gobierno, los rectores y los gremios por la ejecución de las partidas presupuestarias.
La discusión tiene como antecedente la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento generó un conflicto judicial entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El acuerdo de junio
En la Casa Rosada consideran que existe un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó la cautelar: el acuerdo alcanzado el 10 de junio entre el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios.
El entendimiento contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Para el PEN, ese acuerdo permitió absorber una parte importante de los reclamos que habían dado origen a la disputa judicial. Sin embargo, todavía existen diferencias relacionadas con la recomposición correspondiente a 2024 y con distintos aspectos del financiamiento estudiantil.