La declaración de Tucumán como capital del ecoturismo, la moneda de cambio de Jaldo para aprobar leyes clave de Milei

El Poder Ejecutivo nacional inició una nueva y compleja etapa de negociaciones con los gobernadores de las provincias dialoguistas, entre los cuales el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo ocupa un rol protagónico, con el propósito de blindar el tratamiento de reformas estructurales en el Congreso de la Nación. Para asegurar las voluntades del bloque de diputados jaldistas “Independencia” en votaciones de alto impacto como el proyecto de Inocencia Fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la Casa Rosada recurrió al intercambio de favores políticos. Este pacto parlamentario contempla dar luz verde en la Cámara Baja a iniciativas locales de nulo impacto fiscal pero de alta rentabilidad simbólica, destacándose el tratamiento del proyecto de ley presentado en 2025 por la diputada Elia Marina Fernández, el cual promueve declarar a la provincia de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo y sede permanente de su Fiesta Nacional.

La convocatoria a sesión en la Cámara de Diputados para la próxima semana dejó al descubierto el apremio del Gobierno por recomponer relaciones con las provincias del Norte y la Patagonia. Tras sufrir reveses significativos en el Senado y detectar crecientes señales de autonomía de bloques provinciales que amenazan con discutir "ley por ley", los libertarios decidieron flexibilizar el temario legislativo para congraciarse con sus aliados estratégicos. En este esquema de concesiones mutuas, el oficialismo garantizó sus votos para expedientes singulares: la rebaja del IVA a la fécula de mandioca reclamada por Misiones, la postulación de San Juan como cuna de Sarmiento y capital de la educación, la consagración de Santa Cruz en natación de aguas frías, y el reconocimiento ecológico a Tucumán.

La negociación adquiere dimensiones críticas en términos de gobernabilidad. Los mandatarios del norte, comandados por Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil (foto superior), coordinan acciones conjuntas con legisladores salteños y misioneros para presionar de forma agrupada ante el ministro de Economía, Luis Caputo. En Diputados, este conglomerado regional controla cerca de 15 votos —incluidos los 3 escaños correspondientes al bloque jaldista Independencia—, un número sumamente crítico si se considera que las principales leyes de la gestión de Javier Milei fueron validadas con márgenes sumamente estrechos. Desde el entorno del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, confían en que los gobernadores mantendrán el acompañamiento debido a que “comparten el rumbo general” de la administración nacional, aunque admiten que el horizonte inmediato para debatir el Presupuesto 2027 y la eventual derogación de las elecciones primarias (PASO) forzará discusiones de máxima tensión política.

El proyecto de ecoturismo: fundamentos naturales y legales

El proyecto de ley que el oficialismo nacional se comprometió a sancionar en Diputados fue introducido originalmente en 2025. El dictamen emitido el pasado 12 de agosto por la Comisión de Legislación General aconseja formalmente la aprobación de una norma estructurada bajo lineamientos precisos. En su parte dispositiva, el texto establece en su primer artículo: “Declarase Capital Nacional del Ecoturismo a la provincia de Tucumán, en carácter de sede permanente”. Asimismo, la iniciativa determina en su artículo 2° que se establezca “con el carácter de 'Fiesta Nacional del Ecoturismo', la festividad a realizarse anualmente en la provincia de Tucumán”, ordenando en consecuencia su inmediata incorporación en el calendario turístico nacional.

Los fundamentos de la propuesta legislativa se apoyan en las características geográficas e históricas excepcionales de Tucumán. En una superficie territorial de apenas 22.000 kilómetros cuadrados, el 45% del suelo tucumano se encuentra conformado por sistemas montañosos que albergan un ecosistema de inestimable valor biológico. Las bases del proyecto recuerdan que la provincia cuenta con una vasta trayectoria en materia de preservación, instituyéndose en 1936 la primera área natural protegida de gestión provincial en la reserva forestal La Florida. A la fecha, la provincia cuenta con un sistema de conservación que abarca “las actuales 450.000 hectáreas, organizadas en 12 áreas” protegidas, entre las que se destacan los Valles Calchaquíes, Los Sosa, Santa Ana, el Parque Nacional Aconquija y la Sierra de San Javier.

El corazón ecológico del proyecto se asienta sobre la preservación de las Yungas tucumanas, un cordón que resulta indispensable para la subsistencia ambiental y productiva del Noroeste. El documento de fundamentación remarca de manera categórica que “las Yungas constituyen un ecosistema vital para la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la población, puesto que casi 770.000 hectáreas de selvas pedemontanas y de montaña, bosques, pastizales, significan un ecosistema que forma el 40% y 50% de la biodiversidad nacional e incluye especies en peligro como el yaguareté, el tapir y el taruca”. Adicionalmente, el texto subraya el rol hídrico crítico de estas selvas de montaña como reguladoras de la Cuenca Salí-Dulce, de la cual depende el abastecimiento de agua potable, la generación de energía y el riego agrícola de la región.

El proyecto de la diputada Fernández busca dotar de formalidad y jerarquía nacional a prácticas que la provincia ya regula internamente mediante leyes como la Ley N° 7.105 (que declara de interés turístico el ecoturismo y agroturismo) y la Ley N° 9.142 (de turismo activo). El marco teórico del documento diferencia metodológicamente las tipologías recreativas basándose en definiciones conceptuales del Tesauro Turístico. Al respecto, define al Turismo Activo como “una modalidad mayoritaria hoy de turismo, cuya motivación principal es que el turista sea protagonista en la práctica de actividades turístico-recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales del lugar, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la protección del patrimonio natural y cultural del sitio visitado”.

Por su parte, la fundamentación adopta las clasificaciones del especialista Ceballos Lascuráin para precisar conceptualmente al Ecoturismo como “una modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, el respeto al equilibrio del medio ambiente y propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las poblaciones locales”.

Bajo estas premisas, Tucumán ofrece una vasta infraestructura natural y de servicios que la iniciativa parlamentaria enumera con detalle para justificar la declaración nacional. Destaca la existencia de 16 senderos homologados por el Ente Autárquico Tucumán Turismo que integran el producto comercializado como "Ecosendas de Tucumán". Además, describe actividades consolidadas como las cabalgatas en áreas protegidas, los safaris fotográficos en vehículos adaptados, la observación de más de 200 especies de aves en el cordón del Aconquija, los vuelos en parapente y ala delta en el cerro San Javier, el ciclismo de montaña —cuyo máximo exponente es el tradicional rally "Trasmontaña" con más de dos décadas de trayectoria—, y las disciplinas náuticas desarrolladas en los espejos de agua de El Cadillal y Escaba.

La creación por ley de la Fiesta Nacional del Ecoturismo apunta a romper con la estacionalidad del sector y catalizar un fuerte impacto económico local mediante una agenda sistemática de exposiciones, foros y competencias deportivas entre los meses de julio y diciembre. Con este andamiaje técnico consolidado, el bloque de diputados que responde a Osvaldo Jaldo encontró la moneda de cambio ideal para negociar con el oficialismo central: un proyecto sin costo para las arcas de la Nación pero que el gobierno de Tucumán anhela para exhibir como un triunfo de gestión en su provincia, a cambio de levantar la mano para convalidar las complejas reformas monetarias y fiscales que el presidente Milei exige para su programa económico.