Espacio publicitario disponible

"GRAVEDAD MUY ALTA"

Duro revés del Banco Central a la Caja Popular: Cese inmediato de préstamos y multa millonaria por intermediación ilegal

El Tribunal de Cuentas de Tucumán expuso la crítica situación de la entidad crediticia provincial tras confirmarse que realizó intermediación financiera sin autorización federal. Con una multa millonaria firme y el rechazo de todas las apelaciones por negligencia legal, el organismo de control exige ahora explicaciones urgentes sobre el origen del dinero utilizado para pagar la sanción y el plan de adecuación a la Ley de Entidades Financieras.

PorTendencia de noticias
28 feb, 2026 11:37 a. m. Actualizado: 28 feb, 2026 12:38 p. m. AR
Duro revés del Banco Central a la Caja Popular: Cese inmediato de préstamos y multa millonaria por intermediación ilegal

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC), mediante el Acuerdo N° 195, expuso una severa crisis institucional y financiera en la Caja Popular de Ahorros (CPA), derivada presuntamente, segun el TC de años de operaciones de intermediación financiera ilegal sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).


Tras un prolongado litigio, la autoridad monetaria nacional ratificó la irregularidad de estas actividades —realizadas entre 2011 y 2015—, imponiendo una multa de 108 millones de pesos y ordenando el cese inmediato de tales operaciones por violar la Ley de Entidades Financieras. El documento revela además un estrepitoso fracaso en la estrategia judicial del organismo provincial, cuyas apelaciones fueron rechazadas por caducidad de instancia ante la inacción de sus apoderados legales, dejando firme la sanción económica. Ante la gravedad de los hechos, el órgano de control tucumano exigió formalmente a la institución que rinda cuentas sobre el origen de los fondos utilizados para cancelar la multa y detalle un plan de adecuación normativa al marco federal, bajo apercibimiento de evaluar responsabilidades patrimoniales.


La investigación del BCRA, detallada en el sumario financiero N° 1558, concluyó que la Caja Popular operó al margen de la normativa nacional al no diferenciar sus recursos de los depósitos captados. Según el Acuerdo, el ente rector determinó que la entidad "no lleva una contabilidad separada entre los fondos captados del público y sus recursos propios, lo que imposibilita determinar con certeza el origen de los fondos aplicados al otorgamiento de préstamos". Esta falencia contable permitió presumir que la institución realizaba intermediación financiera no autorizada, una infracción calificada como de gravedad "Muy Alta", ya que "afecta directa e inmediatamente la política monetaria y crediticia nacional, involucrando vastos intereses económicos y sociales".


El BCRA también advirtió sobre la peligrosidad de estas maniobras al estar vinculadas a la multiplicidad de actividades que desarrolla el organismo, como la "aseguradora, inmobiliaria, explotación de juegos de azar: quinielas, casinos, hipódromos, máquinas electrónicas", señalando que los riesgos de estos rubros se potencian al haber captado masivamente ahorros al margen de los canales autorizados. En consecuencia, la Resolución N° 425/23 del BCRA ordenó el "cese inmediato y definitivo de la actividad de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros".


Depósito y explicaciones


A pesar de los intentos de defensa, la CPA perdió la batalla legal por negligencia procesal. El Tribunal de Cuentas consigna que, mientras se tramitaba el Recurso Directo de Apelación, el BCRA planteó la "caducidad de instancia del proceso judicial por inacción del apoderado de la Caja". La sentencia de la Cámara Federal admitió dicho planteo en diciembre de 2024, cerrando el camino judicial y dejando firme la multa millonaria. Ante la ejecución fiscal iniciada, la Caja debió depositar los $108.000.000 en marzo de 2024, manifestando haber realizado un "esfuerzo extraordinario para reunir la suma sin desmoronar su estructura económico-financiera ni los servicios a la población".


El Acuerdo N° 195, suscripto por el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, marca un punto de inflexión en el control sobre la entidad al exigir transparencia inmediata. El Tribunal requiere ahora conocer el "origen de los fondos con los que se efectuó el pago de la multa, debiendo acompañar la documentación contable, registros y constancias que acrediten fehacientemente su procedencia", así como el impacto de dicho desembolso. Asimismo, solicita que la CPA informe sobre los trámites para "adecuar su marco jurídico e institucional a la Ley de Entidades Financieras", dado que el plazo de un año para dicha regularización venció el pasado 6 de diciembre de 2024 sin novedades concretas.

publicidad

Más de politica

publicidad