Cuando un arma entra a la escuela, algo más profundo ya se rompió

En Tucumán ya no estamos frente a un episodio aislado. En los últimos años se registraron al menos seis situaciones en instituciones educativas en las que estudiantes ingresaron con armas u objetos utilizados como tales: armas de fuego operativas y no operativas, armas blancas, episodios de exhibición e intimidación y, esta semana, hasta un disparo dentro de un aula.

Habrá quienes se detengan en las diferencias entre un caso y otro. Si el arma funcionaba o no, si se trataba de un revólver o de un cuchillo, si existió una intención concreta de utilizarla. Pero hay una cuestión anterior a todas esas discusiones: cuando un estudiante entra armado a una escuela cambia inmediatamente la percepción de seguridad de todos los que están allí. Genera miedo, intimida y rompe la cotidianeidad.

Y cuando estos episodios comienzan a repetirse, la discusión deja de ser solamente sobre lo que hizo un estudiante. La pregunta pasa a ser qué está ocurriendo en una institución que debería representar uno de los espacios de mayor protección para niños y adolescentes.

Quienes transitamos cotidianamente las aulas sabemos que detrás de cada episodio existe una enorme cantidad de dimensiones que deben ser abordadas. Hay que trabajar con el estudiante involucrado, con su familia, con sus compañeros y con los equipos profesionales correspondientes. Pero también debemos admitir que las respuestas que venimos utilizando parecen insuficientes frente a la magnitud del problema.

Durante demasiado tiempo, después de cada situación grave, la reacción parece

repetirse: organizar un taller, convocar especialistas, realizar trabajos prácticos, elaborar afiches o desarrollar una jornada de reflexión. Son herramientas necesarias, pero no pueden convertirse en toda la política de prevención.

Una intervención de 80 minutos no modifica por sí sola una realidad construida durante meses o años. Tampoco alcanza con que alguien que desconoce la dinámica del curso llegue, brinde una charla y se retire cuando suena el timbre. Mucho menos podemos convencernos de que por haber hablado una vez sobre bullying, salud mental, violencia o armas el problema quedó abordado.

La prevención no puede ser una actividad marcada como cumplida en una planilla. Necesita continuidad, seguimiento, conocimiento del territorio y capacidad para detectar los conflictos antes de que exploten.

Pero existe además una discusión que durante demasiado tiempo resultó incómoda: la escuela necesita recuperar autoridad.

No hablamos de autoritarismo. Tampoco de castigar por castigar ni de idealizar una escuela del pasado que ya no existe. Hablamos de recuperar la capacidad institucional para establecer límites claros y conseguir que existan consecuencias cuando esos límites son vulnerados.

Una escuela que establece normas pero después no puede hacerlas cumplir pierde algo mucho más importante que su capacidad de sancionar: pierde legitimidad.

En ese proceso también fuimos perdiendo margen de acción, respeto hacia quienes enseñan y autoridad de docentes y directivos. La escuela alguna vez tuvo una representación social muy poderosa. Era una institución asociada al conocimiento, al aprendizaje y a la formación. Se respetaba el edificio, pero fundamentalmente se respetaba a quienes estaban dentro de él enseñando.

En algún momento, posiblemente impulsados por buenas intenciones, comenzamos a transitar una laxitud que terminó confundiendo derechos con ausencia de consecuencias, inclusión con permanencia a cualquier costo y acompañamiento con imposibilidad de establecer límites.

Quizás ahora estemos observando algunas de las consecuencias.

Porque mientras discutimos cómo acompañar al estudiante que transgrede todos los límites, corremos el riesgo de olvidarnos de quienes tienen que sentarse al día siguiente nuevamente a su lado. Una política educativa no puede pensar solamente en quien protagoniza el conflicto. También debe proteger a quienes lo padecen.

Esto no significa reclamar expulsiones indiscriminadas ni abandonar a un adolescente a su suerte. Significa reconocer que las sanciones también pueden educar. Una sanción educativa no necesariamente es una sanción punitiva. Puede establecer responsabilidades, reparar daños y enseñar que las decisiones tienen consecuencias.

Existe además otro problema que quienes estamos dentro de las escuelas conocemos demasiado bien: una institución adopta una decisión, una familia la cuestiona, el conflicto escala y finalmente la escuela retrocede.

Cuando esto se vuelve habitual, la palabra del docente y del equipo directivo parece necesitar permanentemente una instancia externa que la valide. Y quienes están todos los días frente al aula terminan teniendo cada vez menos herramientas para intervenir sobre aquello que sucede dentro de ella.

No se trata de un reclamo corporativo ni de pedir privilegios para los docentes. Se trata de escuchar a quienes conocen de primera mano aquello sobre lo que después opinan funcionarios, especialistas, familias, dirigentes y buena parte de la sociedad.

Allí aparece una de las grandes paradojas del sistema educativo: sobran opiniones sobre lo que la escuela debería hacer, pero muchas veces faltan preguntas dirigidas a quienes efectivamente la habitan.

Se diseñan protocolos, campañas, talleres y estrategias desde afuera, mientras que el docente, el que permanece diariamente frente a treinta o cuarenta adolescentes, suele quedar relegado a ejecutar decisiones tomadas por otros.

Es ese docente quien conoce los vínculos del curso, los conflictos, los silencios, las familias y los cambios de conducta. Es quien puede advertir cuándo un grupo está tranquilo y cuándo algo está a punto de explotar. Y es también quien, cuando todos se fueron, muchas veces continúa pensando qué hacer al día siguiente con aquello que ocurrió.

No necesitamos volver atrás porque aquella escuela ya no existe. Cambiaron la sociedad, las familias, los estudiantes, los vínculos y también quienes enseñan. Pretender reconstruir exactamente el modelo educativo del pasado sería desconocer esa transformación.

El desafío es otro: levantar desde lo que quedó una escuela capaz de ejercer autoridad sin ser autoritaria, contener sin desproteger al resto, incluir sin renunciar a los límites y sancionar sin dejar de educar.

Para conseguirlo será necesario acompañamiento político, institucional y gubernamental. Pero fundamentalmente será necesario devolver al docente un lugar central. No como simple ejecutor de políticas diseñadas desde un escritorio, sino como protagonista de las decisiones sobre aquello que sucede dentro de la escuela.

Porque cuando un alumno entra con un arma a un aula, el problema no comienza ese día ni termina cuando intervienen las autoridades. Es la manifestación más extrema de algo que probablemente venía ocurriendo mucho antes. Quizás haya llegado el momento de escuchar más a quienes todavía sostienen las aulas mientras se les exige cada vez más y se les entregan menos herramientas. Recuperar autoridad no significa quitarles derechos a los estudiantes. Significa garantizar los derechos de toda la comunidad educativa.

Ya no alcanza con enumerar aquello que la escuela perdió. Hay que empezar a reconstruirlo. Y esta vez los docentes deben estar dentro de la discusión, no mirando desde afuera cómo otros deciden qué hacer con una institución que ellos sostienen todos los días, incluso cuando alrededor quedan apenas polvo y espanto.

La autora de esta columna es: Licenciada en Letras , especialista en Gestión Educativa, especialista en Mujeres y Géneros. Docente. Directora de Relaciones Institucionales (Municipalidad de Yerba Buena). Directora de Formación (Fundación Federalismo y Libertad). Ex Directora de Educación de la Municipalidad de Yerba Buena.